En la tarde del 27 de febrero de 2025 el Ejército confirmó el hallazgo y control de una base militar del ELN en Tibú, Norte de Santander, en la que se almacenaba armamento y vehículos para llevar acciones en contra de la población civil y las Fuerzas Armadas.
En medio del desarrollo de la operación Catatumbo, unidades del batallón contra el narcotráfico encontraron un espacio en el que resguardaba material de guerra usado por miembros del Ejército de Liberación Nacional en la región nororiental de Colombia.
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Según comentó el coronel Juan Francisco Algarra Malaver, comandante de la brigada contra el narcotráfico 1, se realizó la incautación de diferentes objetos utilizados por los delincuentes para realizar inteligencia y llevar a cabo acciones en contra de la población civil.
“La tropa del batallón contra el narcotráfico número 2 del Ejército Nacional, en el área rural del municipio de Tibú, incautaron material de guerra, perteneciente al grupo armado organizado ELN, frente Juan Fernando Porras Martínez”, confirmó el uniformado.
Asimismo, informó que en esta base controlada se hallaron municiones de diferentes calibres, objetos explosivos y drones: “Las tropas hallaron municiones de diferentes calibres, un lanzagranadas de 40 milímetros, explosivos, dos drones y material de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar”.
El coronel concluyó que el Ejército Nacional continuará llevando a cabo operaciones que debiliten las estructuras que hagan presencia en Norte de Santander.
Por otra parte, el comunicado publicado por el Ejército Nacional de Colombia se confirmó que además, se incautaron granadas de mortero, celulares y se inmovilizaron dos vehículos y cuatro motocicletas utilizadas para llevar a cabo operaciones:
"Entre el material de guerra incautado hay 1122 cartuchos, 76 detonadores aneléctricos, 39 unidades con 13,162 kilogramos de pentolita pentoflex, un lanzagranadas hechizo, proveedores para fusil, granadas de mortero, cordón detonante y un repuesto para ametralladora calibre 7.62 milímetros, 2 drones y un equipo móvil (celular)“.
Esta acción se suma a la localización y destrucción de un campo minado en Tibú con el que planeaban “generar afectación a la población civil y las tropas desplegadas” en la región del Catatumbo.
Operación Catatumbo: acciones contra el ELN
Cabe destacar que, el Ejército Nacional de Colombia inició una contraofensiva contra los frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que decidieron llevar a cabo un ataque sistemático en contra de la población civil en Catatumbo el pasado 17 de enero de 2025.
Las primeras acciones del Grupo Armado Organizado fueron registradas por los habitantes de la región nororiental del país, posteriormente, el país se volcó en atender las consecuencias que dejó la acción armada por parte del ELN: más de 80.000 personas afectadas.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), luego de un mes de acciones violentas, se registraron 84.621 afectados. 52.286 colombianos son víctimas de desplazamiento forzado; 19.000 tienen restricciones de movilidad en sus propios territorios; otros 8.668 se encuentran en confinamiento forzado; y 4.667 son refugiados afectados.
Desmonte del PMU en Norte de Santander
El 25 de febrero se confirmó el fin del Puesto de Mando Unificado en el departamento limítrofe con Venezuela. Según publicó Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación de Víctimas, afirmó que esta acción es preocupante, dado que considera que es un abandono a las víctimas de los hechos realizados por el ELN.
“Con preocupación hemos recibido el desmonte del PMU por parte de las autoridades aquí en el departamento, teniendo en cuenta que, sí bien es cierto que se veía venir, por la poca ayuda del Gobierno nacional, creemos que es un abandono total a las víctimas, sobre todo a las de la región del Catatumbo”, dijo al medio citado Mayorga.
Asimismo, afirmó que el Gobierno nacional debe concentrarse en los enfrentamientos que en la actualidad existen entre el ELN y las disidencias de las Farc en Norte de Santander, dado que podría generar más dificultades a la población civil.
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