Radican queja disciplinaria contra Gustavo Petro, tras polémica por exhibición de bandera del M-19: esta es la grave denuncia

Una de las más recientes actuaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, lo hizo blanco de una queja disciplinaria presentada por el concejal de Bogotá Marco Acosta que, acompañado por el abogado activista David Gerardo Cote, lo acusó de haber cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones y, al parecer, merecedor de una sanción por parte de los entes encargados de regular el ejercicio de su cargo.

Ambos, Acosta y Cote, acusaron a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la presunta participación en política y uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas. La queja en contra del primer mandatario de los colombianos tiene su origen en las declaraciones y elementos visuales empleados durante la alocución presidencial del domingo 23 de febrero de 2025, en la que se retransmitió un discurso del gobernante del viernes 21 de febrero, emitido desde el corregimiento de Chicoral (Tolima).

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En dicho discurso, que se reprodujo en cadena nacional, se destacó la bandera del movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, con un mensaje a favor de una posible reelección del mandatario. “Viva Petro Presidente 2026-2030”, se leyó en el estandarte, que fue enfocado por la transmisión oficial, tanto en su emisión original como en su retransmisión por los canales de señal abierta, entre ellos Caracol y RCN.

Tanto el cabildante distrital como el activista afirmaron que la deliberada inclusión de la bandera del M-19 y el hecho de que apareciera en el primer plano, entre los minutos 7:17 y 7:45 de la transmisión que se vio por la “pantalla chica”, representan una prueba “irrefutable” de proselitismo político. A lo que se suma la férrea defensa que hizo el presidente de este símbolo, en el que sacó pecho por su significado.

“Esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la (María Fernanda) Cabal, a la Paloma (Valencia), a las Milei (...) el azul significa el color de los conservadores, ese blanco que sigue significa el color de la paz y ese rojo con que termina significa el color liberal”, dijo el jefe de Estado en su intervención, que desató una fuerte respuesta.

Acosta y Cote indicaron que la utilización de este símbolo, acompañado de un mensaje relacionado con una evidente campaña de reelección, va en contra del artículo 127 de la Constitución Política. Este artículo prohíbe a los empleados del Estado participar en actividades políticas mientras ejercen sus funciones, algo que, según ellos, ocurrió en la alocución presidencial.

“El presidente no puede utilizar los recursos públicos ni los espacios oficiales para promover su imagen o allanar el camino a una reelección. Es fundamental que las instituciones actúen para garantizar la transparencia”, señaló Acosta.

Además, los denunciantes solicitaron una investigación más detallada no solo contra Petro, sino también hacia los funcionarios responsables de la producción, edición y transmisión del discurso que fue retransmitido en la televisión nacional. Es por ello que pidieron a la Procuraduría General de la Nación exhortar al mandatario a no emitir declaraciones o hacer acciones que den pie a interpretaciones de participación política, al punto que pidieron investigar el papel del sistema de medios públicos Rtvc.

A su vez, ambos querellantes mencionaron que se habría producido una violación al artículo 110 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos usar su cargo o recursos con fines políticos. “La democracia colombiana exige un comportamiento transparente de todos los actores involucrados en el ejercicio político. En este caso, vemos no solo una violación legal, sino una afectación a la igualdad de condiciones para futuros procesos electorales”, expresaron ante la Comisión.

Debido a lo ocurrido durante esta alocución, los denunciantes pidieron imparcialidad y neutralidad, sobre todo cuando se cuenta con audiencias nacionales que, en su concepto, “presumen objetividad institucional” de parte del presidente.

Por el momento, Petro no ha emitido un comunicado oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, este episodio representa un nuevo episodio en la manera en que el gobernante parece reivindicar la lucha de una organización al margen de la ley que protagonizó, entre otras, la toma del Palacio de Justicia: el 6 y 7 de noviembre de 1985.