El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado las afirmaciones de que el país atraviesa una crisis de orden público, destacando que los índices de violencia han disminuido en la mayoría de las regiones.
Según declaraciones realizadas por el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter, la estrategia de “paz total” que impulsa su gobierno está mostrando resultados positivos, en contraste con lo que él considera el “fracaso” de la política de seguridad democrática implementada durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
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Petro subrayó que, al comparar las tasas de homicidios anuales promedio de su administración con las del gobierno de Uribe, se evidencia una mejora significativa en la seguridad del país. “La inmensa mayoría de los departamentos de Colombia han visto bajar la tasa de homicidios en su región”, afirmó el presidente, quien también señaló que, aunque el delito puede estar cambiando de estructura, la reducción de los crímenes contra la vida es un indicador de progreso.
En sus publicaciones, Gustavo Petro presentó datos que, según él, respaldan su postura frente a las críticas. Comparó las tasas de homicidios registradas durante los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez con las cifras actuales de su administración.
Aunque no detalló los números específicos en sus mensajes, el mandatario insistió en que la tendencia general muestra una disminución de la violencia en el país.
El presidente también aprovechó para criticar a los medios de comunicación nacionales, acusándolos de desinformar a la población al sugerir que Colombia enfrenta una crisis de violencia. “El nivel de desinformación de la prensa nacional llega a máximos. Quiere hacerle creer a la población que estamos en una crisis de violencia. No señores. La violencia baja en Colombia”, escribió Petro en una de sus publicaciones.
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha promovido la política de “paz total” como una estrategia integral para abordar los problemas de seguridad y violencia en Colombia. Este enfoque busca negociar acuerdos con diversos grupos armados y organizaciones criminales, con el objetivo de reducir los enfrentamientos y garantizar la protección de la vida de los ciudadanos.
En sus recientes declaraciones, el presidente destacó que los avances en la reducción de homicidios son una prueba de que esta política está funcionando. “Puede afirmarse que el delito cambia de estructura, pero mientras disminuyan los delitos contra la vida, estamos mejorando”, aseguró Petro, quien enfatizó que esta es la situación predominante en la mayoría de los departamentos del país.
A pesar de las afirmaciones del presidente, su política de seguridad ha enfrentado críticas tanto de sectores políticos como de la sociedad civil. Algunos analistas y opositores han cuestionado la efectividad de la “paz total”, argumentando que los acuerdos con grupos armados podrían generar impunidad o fortalecer a ciertas organizaciones criminales.
Por otro lado, la percepción de inseguridad sigue siendo un tema de preocupación para muchos colombianos, especialmente en regiones donde persisten conflictos armados y actividades delictivas. Sin embargo, Petro ha insistido en que su enfoque es el adecuado para abordar las raíces de la violencia en el país y construir una paz duradera.
Las declaraciones de Gustavo Petro han reavivado el debate sobre las políticas de seguridad en Colombia y los resultados de las administraciones pasadas. Mientras el presidente defiende su gestión y señala los avances logrados, sus críticos argumentan que los desafíos en materia de seguridad aún son significativos y requieren soluciones más contundentes.
En este contexto, la comparación con los gobiernos anteriores, especialmente el de Álvaro Uribe Vélez, adquiere un peso simbólico. La “seguridad democrática” de Uribe, que se centró en el combate militar contra grupos armados, marcó una etapa clave en la historia reciente del país, pero también generó controversias por sus costos sociales y humanitarios. Ahora, Petro busca posicionar su enfoque como una alternativa más efectiva y sostenible para garantizar la seguridad de los colombianos.
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