A la cárcel hombre que participó en el homicidio de una mujer trans en Medellín: la mataron con arma blanca

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un juez condenó a 16 años y 8 meses de prisión contra Yohan Andrés Machuca Barbosa, uno de los tres responsables del asesinato de Verónica Dantes, de 26 años, una mujer trans de nacionalidad venezolana.

Según la investigación del ente acusatorio, el hombre estuvo durante el crimen de la ciudadana extranjera, ocurrido el 28 de julio de 2024, en el parque Boston, ubicado en la comuna La Candelaria, de Medellín.

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Frente al caso, la Fiscalía detalló que Machuca Barbosa, junto a otros dos sujetos, atacaron con arma cortopunzante a la mujer que ejercía el trabajo sexual.

Tras el hecho, Verónica Dantes fue llevada hasta un centro médico cercano de la capital antioqueña, donde se confirmó su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

Pese a que habían emprendido la huida, las autoridades identificaron a los sujetos, y posteriormente fueron capturados y judicializados por el delito de homicidio agravado.

Los otros dos hombres que acompañaban a Yohan Andrés Machuca Barbosa, fueron identificados Santiago Murillo Ruiz y Jolfran Manuel Ramos Contreras, quienes también fueron enviados a prisión mientras avanza la investigación.

Según registros de la organización No Gubernamental (ONG) Caribe Afirmativo, Verónica Dantes era una ciudadana migrante de 26 años que había llegado a Colombia desde el año 2018. Desde hace dos años, estaba radicada en Medellín, y estaba vinculada a labores de la entidad sin ánimo de lucro. También era partícipe de colectivos defensores del uso del espacio público sin que recibieran represalias por las autoridades.

“Se vinculó a los procesos de Caribe Afirmativo, logrando también integrarse a grupos de personas trans en Medellín, con enfoque migratorio, así como a colectivos activistas por el derecho a hacer uso del espacio público sin ser hostigadas por actores al margen de la ley”, manifestó Caribe Afirmativo en un comunicado.

El asesinato de Verónica Dantes y la posterior condena de su agresor han generado diversas reacciones en la sociedad colombiana. Sectores de la comunidad Lgbtiq+ han expresado su satisfacción por la sentencia, pero también han insistido en la importancia de abordar las causas profundas de la violencia contra las personas trans. Entre estas causas se encuentran la discriminación, la falta de acceso a oportunidades laborales y educativas, y la estigmatización social.

La condena en este caso representa un avance en la lucha por la justicia, pero también subraya la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de las personas trans.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación ha exigido a las autoridades de Medellín un informe detallado sobre las medidas adoptadas para proteger a una joven de 21 años que sobrevivió a un brutal ataque con arma blanca perpetrado por su expareja.

De acuerdo con lo informado por el ente de control, la joven fue atacada con 26 puñaladas, un hecho que constituye un intento de feminicidio. A pesar de la gravedad del caso, las amenazas por parte del presunto agresor persisten, lo que ha llevado a la Procuraduría a solicitar explicaciones sobre las acciones implementadas para garantizar la seguridad de la víctima y su familia.

Según las denuncias expuestas por la familia de la joven, el agresor, quien permanece en libertad, continúa amenazándola de muerte, lo que ha generado preocupación tanto en su entorno cercano como en la comunidad en general.

Además, la Procuraduría recordó que la Ley 1257 de 2008, en su artículo 2º, establece que la violencia contra la mujer incluye cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial, así como amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en el ámbito público o privado, lo que obliga a las autoridades a actuar de manera diligente para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia de género, además de garantizar la protección de las víctimas.

El organismo de control ha subrayado la importancia de que las autoridades locales expliquen las medidas específicas que se han implementado para salvaguardar la vida de la joven y su entorno familiar. Asimismo, ha solicitado que se informe sobre la existencia de posibles acciones especiales de protección que puedan ser necesarias para evitar que las amenazas se materialicen en nuevos actos de violencia.

“En este sentido, solicitó a la citada coordinación informar las medidas de protección en favor de la víctima y su familia, el seguimiento realizado a estas; si se adoptaron medidas de protección especiales, y si estos hechos de violencia intrafamiliar se pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”, detalló la Procuraduría.

Además, la Procuraduría instó a la Personería de Medellín que evalúe las acciones necesarias para intervenir en este caso. “La Entidad ofició al personero de Medellín para que evalúe la intervención a que haya lugar en el presente caso”, concluyó.