De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo revelados por el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 297 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia. El flagelo ha ido en aumento, pese a los intentos del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de alcanzar la paz con diferentes grupos armados.
La situación se ha hecho más evidente en el departamento del Cauca, según reportó la Defensoría en octubre de 2024. La entidad advirtió que la población indígena es la más afectada; los menores reclutados, muchas veces, son obligados a atraer a otros niños, niñas y adolescentes.
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“Hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas nasa, son llevados a otros lugares del Cauca o departamentos vecinos, y no solo les asignan funciones de combate, sino que también funciones de inteligencia para que vigilen los movimientos desde donde los ubiquen, para que cobren extorsiones o para atraer a otros niños y niñas a ingresar a las filas”, detalló entonces la Defensoría en un comunicado.

Debido a esta problemática, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció, responsabilizando a los gobernantes y políticos de izquierda del país. De acuerdo con la congresista de la oposición, las personas que comparten esa ideología tienden a desconocer la existencia del flagelo, que vulnera los derechos de los menores de edad. Pues, en algunos casos, no solo son obligados a integrar las filas armadas y a portar todo tipo de armas, sino que son abusados sexualmente.
“Ustedes juegan al buenismo, al dolor y se rasgan las vestiduras, pero nunca los he visto decir nada del reclutamiento, que es una palabra escasa, cuando uno se roba a un niño para abusarlo sexualmente, para instrumentalizarlo, para ponerlo de primero en el campo de batalla, porque así de cobardes son”, aseveró la también precandidata presidencial en la sesión plenaria del Senado de la República llevada a cabo el 25 de febrero de 2025.
Como ejemplo de la situación, relató una anécdota relacionada con una mujer cuyos hijos iban a ser reclutados por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). De acuerdo con sus declaraciones, la madre decidió, cuando iniciaron las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la organización guerrillera, recibió en Bogotá a unos jóvenes provenientes de Caquetá.

Los menores escaparon de su territorio por temor a ser reclutados. Su mamá lo envió a la capital del país en un bus, para que los criminales del grupo armado no los encontrara. No obstante, ella fue torturada y asesinada por los guerrilleros. “Como los iba a reclutar las Farc, la mamá los mandó en un bus a toda velocidad y eso le costó estar amarrada a un árbol 15 días y recuerdo ver las fotografías en la morgue”, detalló la senadora.
En ese sentido, cuestionó la aparente falta de reconocimiento de la problemática por parte del Gobierno nacional. “¿Cuántos hijos no ha dejado la violencia guerrillera paramilitar? ¿Cuántos?”, concluyó la congresista.

Más adelante, la senadora criticó la administración de los recursos públicos del Estado, ya que miles de millones de pesos han sido utilizados para mejorar la imagen del presidente. “Petro ha invertido más de $11.000 millones en su equipo de prensa, qué austeridad, ¿eso no es corrupción?”, indicó. De igual manera, criticó el hecho de que el Gobierno haya querido llevar a cabo conciertos orientados a impulsar la paz en Colombia, lo que implica un mayor gasto presupuestal y no una solución concreta a los hechos.
“¿Qué celebra este Gobierno?, ¿los desplazados del Catatumbo?, ¿los confinados del Chocó?, ¿los más de 250 muertos?, ¿77 masacres?”, cuestionó.
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