El Banco de la República asumirá la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), una pieza clave en la reforma pensional que entrará en vigencia el próximo 1 de julio.
Según informó el Ministerio de Hacienda, el borrador del decreto que establece las reglas de operación de este fondo ya está disponible para comentarios del mercado, con plazo hasta el 8 de marzo.
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Este documento detalla aspectos fundamentales como la gestión de los recursos, las políticas de inversión y la estructura del comité directivo que supervisará el funcionamiento del fondo.
De acuerdo con el borrador, el Fapc será un mecanismo esencial dentro del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, y estará compuesto por aportes, rendimientos y, en caso necesario, recursos adicionales del Gobierno.
Estos fondos serán administrados bajo un contrato entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, y su objetivo principal será garantizar el pago de pensiones en el marco del nuevo esquema de pilares.
El Fapc administrará una parte considerable del ahorro pensional de millones de colombianos. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el fondo recibirá aproximadamente 1,4 billones de pesos mensuales, acumulando un total de 660 billones de pesos para el año 2051.
En términos económicos, esto representará ingresos anuales equivalentes al 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros años de operación, alcanzando un 1,2% del PIB en 2051, antes de disminuir progresivamente debido al pago de pensiones.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó la urgencia de aprobar el decreto para garantizar una transición adecuada hacia el nuevo sistema pensional. Villar señaló que la pronta expedición del documento permitirá definir los elementos esenciales para la administración del fondo durante su periodo de transición.
El borrador del decreto establece que el comité directivo del Fapc estará integrado por los ministros de Hacienda y Trabajo (o sus delegados), el director del Departamento Nacional de Planeación y cuatro expertos seleccionados por el Banco de la República. Además, el presidente de Colpensiones participará en las reuniones con voz, pero sin voto.
La selección de los cuatro expertos estará a cargo de la junta directiva del Banco de la República, que evaluará criterios como experiencia en gestión de inversiones, riesgos financieros, actuaría y seguridad social, así como formación académica y trayectoria profesional.
Sin embargo, estas personas no podrán tener vínculos con administradoras de pensiones, el Gobierno o entidades relacionadas con la seguridad social. Los expertos tendrán un periodo de permanencia de cinco años, con posibilidad de reelección por un periodo adicional.
Entre las funciones del comité directivo se incluyen la aprobación de políticas de inversión y administración de los recursos, el seguimiento al desempeño del fondo y la solicitud de conceptos al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en caso de desacumulación de recursos.
El decreto también detalla las políticas de inversión que regirán el manejo de los recursos del Fapc. Estas se basarán en los principios de un inversor prudente, priorizando la sostenibilidad, la diversificación del portafolio y la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones del fondo. Además, se utilizarán subcuentas generacionales para ajustar la gestión a los perfiles de riesgo y horizontes de inversión de cada cohorte, asegurando que los ahorros de los afiliados se manejen de manera adecuada según su proximidad a la jubilación.
Los recursos del fondo serán administrados a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios constituidos por entidades como administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa o compañías de seguros de vida, todas bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera.
El decreto también establece que los recursos del Fapc serán inembargables y no podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento o inversión del Gobierno nacional o de las entidades territoriales, ni al servicio de la deuda.
El borrador del decreto generó diversas opiniones en el mercado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el Gobierno ha avanzado rápidamente en la reglamentación de la reforma pensional, pero aún quedan aspectos por definir, como los regímenes de inversión de los fondos internacionales, el seguro previsional y las equivalencias para adquirir semanas en el nuevo sistema pensional.
“Lo que hemos visto también no trae sorpresa por ahora. Tienen las reglas de operación, las reglas de conformación, y lo importante aquí es lograr que se complemente con los fondos internacionales, que todavía no se toca el tema, por lo menos en ese decreto. Así mismo, todavía falta regulación para sentirnos tranquilos”, dijo el directivo a Portafolio.
Velasco destacó que el Banco de la República, como autoridad monetaria del país, está capacitado para asumir este reto, siempre y cuando se definan normas claras para todos los actores del sistema. Sin embargo, subrayó la importancia de completar la reglamentación y ajustar los plazos establecidos en el decreto.
Por su parte, Wilmer Rincón Montañez, académico de la Uninpahu, señaló que la gestión del ahorro pensional, tal como se plantea en el borrador, busca mitigar riesgos a largo plazo y garantizar la estabilidad financiera del sistema. No obstante, enfatizó en la necesidad de un seguimiento ético y un control riguroso del proceso administrativo para asegurar el éxito del fondo.
“Sin embargo, esto va a contribuir a una mayor estabilidad o equilibrio financiero y de desarrollo económico para la nación, pues la implementación o la aplicabilidad efectiva depende directamente de cómo estratégicamente se manejen los recursos de este fondo de ahorro. No obstante, es elemental también tanto la ética el seguimiento y control del proceso administrativo”, expresó Rincón en entrevista con Portafolio.
El borrador del decreto estará disponible para comentarios hasta el 8 de marzo, y se espera que el Gobierno realice ajustes antes de su expedición definitiva. La implementación del Fapc representa uno de los mayores desafíos en la transición al nuevo sistema pensional, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de julio.
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