‘Gringo’ se atrevió a participar en corralejas en Colombia y lo “levantó” un toro: “Me retiro, no puedo”

Al no ser contempladas en el proyecto de Ley que, con una victoria aplastante en el Congreso, logró prohibir las corridas de toros en Colombia, las corralejas siguen celebrándose en algunos pueblos de la costa caribe colombiana.

Este es el caso de las corralejas de San Antonio de Palmito, en donde un ciudadano norteamericano fue corneado al intentar grabar el toro en la arena, el último fin de semana de febrero.

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En los videos del accidente, grabados desde las gradas, se ve como el sujeto, con cámara en mano, decide ignorar las advertencias de los banderilleros y se lanza a la arena para grabar de cerca al animal.

Sin embargo, su compromiso con la creación de contenido lo llevó a enfrentarse cara a cara con la muerte, cuando el toro lo sorprendió, levantándolo por los aires y aventándolo unos metros adelante.

De inmediato, otros asistentes a la faena, se acercaron para auxiliarlo y, entonces, descubrieron que había salido ileso; lo que le ganó la admiración de quienes disfrutaban del evento, pese a que “el gringo” se despidió y salió de la plaza: “mi gente, me retiro, no puedo con los toros”.

El futuro de las corridas de toros en Colombia podría cambiar nuevamente tras una demanda presentada por Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, ante la Corte Constitucional. Con ella busca revertir la prohibición de esta práctica, argumentando que la normativa vigente afecta derechos fundamentales como el trabajo y la libertad de los toreros y novilleros. La magistrada Natalia Ángel, encargada del caso, admitió parcialmente el recurso, lo que abre la puerta a un análisis de fondo sobre los efectos de la ley que eliminó esta tradición en el país.

De acuerdo con la demanda, la ley que puso fin a las corridas de toros interfiere directamente en el derecho al trabajo de quienes dependen de esta actividad, así como en su libertad para elegir un proyecto de vida acorde con sus intereses y pasiones. La Corte Constitucional deberá determinar si esta afectación es proporcional o si, por el contrario, vulnera derechos fundamentales. Además, el recurso plantea que la normativa también impacta la propiedad de los inmuebles privados, como las plazas de toros, que no fueron incluidas en los programas de reconversión previstos por la ley.

Uno de los principales argumentos de la demanda radica en la afectación a los trabajadores del sector taurino. Según el recurso presentado, la prohibición de las corridas de toros ha dejado sin sustento a toreros, novilleros y otros profesionales vinculados a esta actividad, quienes ven restringida su capacidad de ejercer su oficio. La Corte Constitucional deberá analizar si esta restricción es compatible con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen las limitaciones a los derechos fundamentales.

Otro punto clave de la demanda es el impacto sobre la propiedad privada. Los inmuebles utilizados tradicionalmente para las corridas de toros, como las plazas, no fueron contemplados en los programas de reconversión establecidos por la Ley. Esto ha generado incertidumbre sobre el uso y el valor de estas propiedades, lo que podría considerarse una vulneración a los derechos de sus propietarios.

Aunque la demanda incluye varios cargos, no todos fueron admitidos por la Corte Constitucional. Entre los argumentos desestimados se encuentra el relacionado con la libertad cultural. Según el alto tribunal, la tauromaquia ha dejado de ser considerada una práctica cultural plenamente valorada en Colombia. En cambio, se percibe como una actividad que entra en conflicto con principios superiores, como el deber constitucional de proteger a los animales. Este cambio en la percepción cultural ha sido determinante para justificar la prohibición de las corridas de toros en el país.

La prohibición de las corridas de toros en Colombia fue aprobada por la Cámara de Representantes el 28 de mayo, marcando un momento histórico en la lucha por la protección animal. Con 93 votos a favor, el proyecto de ley superó numerosos obstáculos legislativos y enfrentó una fuerte oposición, especialmente de la bancada del Centro Democrático, liderada por la congresista María Fernanda Cabal. Esta decisión posicionó a Colombia como un referente en la región en cuanto a la defensa del bienestar animal.

El proyecto de ley otorgó un plazo de tres años para la implementación de la normativa, tiempo durante el cual se esperaba que los sectores afectados pudieran adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, la demanda presentada por Cormanizales pone en cuestión la efectividad de estas medidas de transición y reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección animal y los derechos de las personas vinculadas a la tauromaquia.