La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que no tiene competencia para investigar a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño, razón por la que, nuevamente, negó su sometimiento a ese mecanismo de justicia.
De acuerdo con la conclusión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, se comprobó que Gómez fue un miembro relevante de esta organización paramilitar, lo que la excluye de los beneficiarios de esta jurisdicción transicional. La decisión se fundamenta en que los delitos por los que fue condenada ya fueron juzgados en la justicia ordinaria.
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La JEP concluyó que los crímenes atribuidos a Gómez, como desplazamiento forzado y apropiación de bienes protegidos, fueron cometidos mientras formaba parte de las AUC. Asimismo, explicó que estos actos se desarrollaron en los planes de control político y territorial de la organización en las regiones del Urabá cordobés y chocoano, bajo el mando de figuras como Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Raúl Emilio Hazbún, alias Pedro Bonito.
Los procesos judiciales que motivaron la solicitud de sometimiento de Sor Teresa Gómez están relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, se encuentran casos de desplazamiento forzado y la apropiación de tierras en la región de Tulapas, ubicada en el norte de Turbo. Estas acciones afectaron a comunidades protegidas y se llevaron a cabo como parte de las estrategias de las AUC para consolidar su dominio en la zona.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también destacó que Gómez fue condenada por estos delitos en dos sentencias emitidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, fechadas el 6 de febrero y el 10 de junio de 2019, donde se confirmó su pertenencia a las AUC en el momento en que se cometieron los crímenes, lo que refuerza la conclusión de que no cumple con los requisitos para ser juzgada por la JEP.
La JEP recordó que su jurisdicción no incluye a exintegrantes de las AUC ni a miembros de Bandas Criminales (Bacrim), quienes tienen regímenes judiciales específicos como la Ley de Justicia y Paz y la jurisdicción penal ordinaria.
En este sentido, la Sala enfatizó que estas instancias son las encargadas de investigar y juzgar los crímenes cometidos por estas estructuras armadas. “Los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y los miembros de Bandas Criminales no hacen parte de los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz”, anotó la decisión.
Esta exclusión se basa en el diseño de la JEP, que fue creada para juzgar a los actores del conflicto armado colombiano que participaron en el Acuerdo de Paz de 2016, como excombatientes de las Farc-EP, agentes del Estado y terceros civiles que hayan tenido una participación directa en el conflicto. Los paramilitares, al haber sido juzgados bajo otros marcos legales, no son considerados sujetos de esta jurisdicción.
El prontuario criminal de Sor Teresa Gómez
Bajo la fachada de la Fundación para la Paz de Córdoba (Fundapazcor), creada por los hermanos Castaño en los años 90, Sor Teresa Gómez, conocida como “La Negra” y catalogada como una figura clave del paramilitarismo en el país, cometió varios actos criminales en Córdoba y la subregión del Urabá.
Gómez, esposa de Manuel Gil, medio hermano de Carlos y Fidel Castaño, utilizó su posición para manejar recursos de la fundación, que se descubrió servía como medio para lavar dinero y legalizar tierras despojadas a campesinos. También estuvo involucrada en extorsiones, despojos de tierras y acciones violentas.
En 2007, Sor Teresa Gómez fue señalada como responsable del asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder social que denunciaba el despojo de tierras tras la desmovilización paramilitar de 2006.
La lideresa fue asesinada en el antejardín de su casa, un crimen que le valió a Gómez una condena de 40 años de prisión. Tras años prófuga, fue capturada en Yumbo (Valle del Cauca), en octubre de 2013.
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