La bancada del Pacto Histórico en el Congreso expresó su respaldo al senador Iván Cepeda en el marco del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
A través de un comunicado, el Pacto Histórico manifestó su “solidaridad y pleno respaldo” a Cepeda, destacando su “valentía y compromiso” en el caso.
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“Reafirmamos nuestra confianza en su labor, pues ha demostrado una trayectoria intachable en la defensa de los derechos humanos, de la paz y el derecho a la verdad de las víctimas”, señaló la colectividad.
El pronunciamiento se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la suspensión temporal del juicio contra Uribe. La decisión obedece a una medida provisional solicitada por la defensa del exmandatario, dentro de una acción de tutela con la que se busca separar del proceso a la jueza de conocimiento.
Frente a esto, el Pacto Histórico rechazó lo que considera una “estrategia dilatoria” y advirtió que esta podría poner en riesgo el debido proceso y perpetuar la impunidad.
“La verdad y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática. Por ello, hacemos un llamado para que se respeten los derechos procesales de los sujetos e intervinientes especiales y reiteramos nuestro respeto irrestricto a la justicia”, subrayó la bancada.
El caso de Álvaro Uribe ha sido objeto de una fuerte controversia en el país, con posturas divididas entre quienes consideran que el expresidente debe responder ante la justicia y quienes aseguran que es víctima de una persecución política.
Un magistrado en el centro de la polémica
Lo que ha intensificado las críticas es que, tras ordenar la suspensión del juicio, el magistrado Ramiro Riaño Riaño se declaró impedido para resolver la tutela.
Según explicó en un escrito fechado el 14 de febrero, su decisión se basa en un posible conflicto de intereses debido a un vínculo indirecto con Luis Eduardo Montealegre Lynett, exfiscal general de la Nación y una de las víctimas en el proceso contra Uribe.
Riaño detalló que su esposa trabajó como fiscal local durante el periodo en que Montealegre ejerció como fiscal general, lo que, según él, podría comprometer su imparcialidad. Además, señaló que Montealegre firmó un memorial rechazando la suspensión del juicio, lo que refuerza la percepción de un posible conflicto.
Sin embargo, la decisión de declararse impedido después de haber ordenado la suspensión del juicio ha sido duramente cuestionada. Montealegre, quien también denunció al magistrado ante la Fiscalía General por presunto prevaricato por acción, expresó su inconformidad al señalar que Riaño debió apartarse del caso antes de tomar una medida que favorece al expresidente.
“Desde la demanda de tutela se decía que yo era una de las víctimas del proceso. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué razón, si según el magistrado existía una causal de impedimento, no la declaró inmediatamente y esperó a decretar una medida cautelar que favorece al expresidente”, afirmó Montealegre, según consignó El Colombiano.
La tutela de la defensa de Uribe
El recurso de tutela presentado por los abogados de Álvaro Uribe busca que se revoque la decisión de la jueza de rechazar la recusación en su contra y que se suspenda el juicio hasta que se resuelva el cambio de juez.
Si la tutela es aceptada, se abriría la posibilidad de tramitar la recusación y designar a un nuevo juez para el caso, lo que podría retrasar aún más el proceso judicial.
Por el contrario, si la tutela es rechazada, el juicio podría continuar bajo la dirección de la jueza originalmente asignada. Este escenario mantiene en vilo un caso que ha estado en curso desde 2018, cuando se iniciaron las investigaciones contra Uribe por presunta manipulación de testigos en el marco de denuncias relacionadas con supuestos nexos con grupos paramilitares.
La suspensión del juicio y las acciones del magistrado Riaño han generado un intenso debate en Colombia. Las víctimas del proceso, encabezadas por figuras como Luis Eduardo Montealegre, han manifestado su preocupación por lo que consideran maniobras dilatorias que afectan la búsqueda de justicia.
Por su parte, la defensa de Uribe insiste en que el proceso debe garantizar la imparcialidad y el debido proceso, argumentando que la jueza actual no cumple con estos requisitos.
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