Luego de que, a finales de 2024, fuera designada Sandra Viviana Cadena como superintendente del Subsidio Familiar, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequibles ciertas facultades de intervención que actualmente ostenta su cargo.
La petición, sin embargo, propone que la eliminación de estas funciones se haga de manera diferida, es decir, con un tiempo de transición para que el Congreso de la República pueda establecer un nuevo marco normativo.
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La solicitud del procurador se centra en tres atribuciones contenidas en el artículo 7 del Decreto 2150 de 1992, que regula la estructura y funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar. La primera de ellas es la capacidad del superintendente para “vigilar e intervenir, si lo estima necesario, en el proceso de afiliación de los empleadores y en el acceso de los servicios establecidos en las entidades sometidas a su vigilancia”.
También se objeta la facultad para “intervenir administrativamente, en forma total o parcial, las entidades sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia”.
Además, la demanda también abarca la eliminación de medidas cautelares como la “intervención administrativa total de la entidad vigilada”, la “intervención administrativa parcial, por servicios o por áreas geográficas o de operación”, la “imposición de multas sucesivas hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales hasta que cese la actuación ilegal o no autorizada”, y la “vigilancia especial con el fin de superar, en el menor tiempo posible, la situación que ha dado origen a la medida”.
Argumentos detrás de la demanda de inconstitucionalidad
La postura de la Procuraduría respalda la demanda presentada por el director del Departamento Administrativo del Externado, Bernardo Carvajal Sánchez. Según Carvajal, las funciones del Supersubsidio en materia de inspección, vigilancia y control transgreden principios constitucionales, ya que “se establece un régimen cautelar que permite la arbitrariedad administrativa para el proceso de toma de posesión de una caja de compensación familiar”.
En su demanda, Carvajal advierte que los numerales en cuestión permiten que “a discreción del superintendente, se imponga la medida de intervención como una cautelar y como una sanción administrativa”, lo que vulneraría el debido proceso al no establecer reglas claras y objetivas que guíen la aplicación de dichas medidas. “La intervención definida en sus dos modalidades depende solo de la voluntad del superintendente”, enfatiza el académico.
Por su parte, el procurador Eljach ha manifestado que estas disposiciones no cumplen con los principios de legalidad y debido proceso: “Para el Ministerio Público, las normas acusadas no cumplen las exigencias de los principios de legalidad ni debido proceso, en la medida en que las funciones de inspección, vigilancia y control del Superintendente del Subsidio Familiar allí establecidas tienen tal nivel de indeterminación que resultan deficientes para establecer el ámbito de acción de la autoridad y crean incertidumbre jurídica a los interesados sobre las conductas objeto de actuación y sobre sus consecuencias”.
Si la Corte Constitucional acoge la solicitud de la Procuraduría, la Superintendencia del Subsidio Familiar perdería su capacidad de intervenir administrativamente en las cajas de compensación familiar sin un procedimiento previamente definido por la ley. Esto implicaría que cualquier medida sancionatoria o de vigilancia especial requeriría de una regulación más precisa para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de las entidades vigiladas.
La decisión ahora está en manos del alto tribunal y del magistrado Juan Carlos Cortés, que deberá evaluar si estas facultades del Supersubsidio efectivamente vulneran principios constitucionales o si deben mantenerse como una herramienta de control administrativo dentro del sistema de subsidio familiar en Colombia.
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