
El senador Antonio Correa, miembro del Partido de la U, le salió al paso de las acusaciones realizadas por el actual ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, quien lo señaló como uno de los congresistas que presuntamente ejerció presión para obtener cargos dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
En un comunicado dirigido a la opinión pública, Correa rechazó estas afirmaciones y ofreció detalles sobre su actuación en relación con la entidad, destacando su papel en la denuncia de irregularidades en procesos administrativos y en el control político.
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Según informó el senador, su intervención ante la Dian estuvo motivada por denuncias de funcionarios en provisionalidad que señalaron irregularidades en los concursos de méritos realizados en la entidad.
Correa aseguró que su intención fue garantizar los derechos de estos trabajadores y no buscar beneficios personales o políticos. Además, resaltó que estas acusaciones surgen justo en el año preelectoral, lo que, a su juicio, podría tener como objetivo deslegitimar su labor como congresista.

“Intentar deslegitimar la acción política y la imagen de quienes como este servidor, hemos venido haciendo control y denuncias sobre hechos relacionados y similares, precisamente en un año preelectoral y sin elementos de fondo; solo configura una amenaza a la verdad, la democracia, las instituciones, el Estado y especialmente a la sociedad civil que clama confianza”, comentó el congresista.
En su comunicado, Correa explicó que había informado al entonces director de la Dian sobre las preocupaciones de varios funcionarios en provisionalidad, quienes alegaban que los concursos realizados presentaban fallas tanto en la convocatoria como en su ejecución.
Entre los casos mencionados, destacó el de una funcionaria identificada como Selenis Martínez González, que aparece en el listado revelado por el exdirector de la Dian.
Según indicó, Correa protagonizó un encuentro con Luis Carlos Reyes, pero a diferencia de lo denunciado por el actual ministro, lo hizo para informar sobre la acción de tutela que había interpuesto la funcionaria denunciando irregularidades en la calificación de su puntaje durante los años 2023 y 2024.
Según el senador, esta funcionaria, a pesar de su experiencia y antigüedad, no había recibido una evaluación justa en el proceso.

Correa afirmó que su solicitud al director de la Dian se limitó a pedir una revisión de estos casos para garantizar el derecho de los funcionarios a participar en la función pública de manera equitativa.
Asimismo, recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que los empleados en provisionalidad tienen una estabilidad laboral intermedia, lo que implica que no pueden ser desvinculados arbitrariamente, aunque tampoco cuentan con la misma estabilidad que los funcionarios de carrera administrativa.
“En el caso de la funcionaria Martínez González, le manifesté al director de la entidad que ella había interpuesto una acción de tutela en la que señalaba falencias en el puntaje establecido en 2023 y 2024, así como sendas irregularidades en el mismo. Es decir, a pesar de su antigüedad, su experiencia y su conocimiento, no habían sido calificados debidamente en dichos concursos. Solo pedí que se revisara su caso y el de otros accionantes para garantizar su derecho a la función pública”, señaló el senador del Partido de la U.
El senador también aprovechó el comunicado para destacar su trayectoria en el ejercicio del control político, mencionando que ha liderado debates sobre temas que afectan derechos colectivos, como el manejo de los puertos en Colombia.
En este contexto, señaló que desde 2022 ha denunciado públicamente la relación entre el narcotráfico, el lavado de activos y las operaciones portuarias en el país. Según Correa, estas actividades ilícitas han generado un impacto grave en la economía y la seguridad nacional.
Además, el congresista indicó que actualmente se encuentra documentando lo que denominó el “cartel del cobre”, una red que, según sus investigaciones, estaría vinculada al contrabando y al lavado de activos. Correa aseguró que este tema tiene una conexión directa con las irregularidades en los puertos y representa un desafío importante para las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado.
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