Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios destinados a la Reforma Rural Integral.
Según el ente de control, estas anomalías han generado un detrimento fiscal estimado en 160.000 millones de pesos, afectando tanto los recursos públicos como el bienestar de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que debían beneficiarse de estas tierras.
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De acuerdo con la Contraloría, uno de los principales problemas detectados radica en la compra de predios con suelos clasificados como inadecuados para actividades agropecuarias.
En varios casos, más del 50% de la superficie de los terrenos adquiridos corresponde a suelos de clase VII, que presentan severas limitaciones para cultivos y ganadería.
Esto contraviene la normativa vigente, que prohíbe la adquisición de predios con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, se identificaron terrenos con humedales que abarcan hasta el 30% de su superficie, lo que limita aún más su uso productivo.
Otro de los hallazgos destacados por la Contraloría se refiere a la ocupación ilegal de predios adquiridos por la ANT. Según el informe, la falta de diligencia en la recuperación material de estas tierras ha generado un posible detrimento patrimonial de 5.646 millones de pesos.
Esta situación no solo afecta las finanzas públicas, sino que también tiene un impacto social fuerte, ya que impide que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes accedan a los terrenos que les corresponden como parte del proceso de ordenamiento social de la propiedad.
El ente de control destacó que estas ocupaciones ilegales representan un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del acuerdo de paz. La falta de acción por parte de la ANT para resolver estas situaciones ha generado incertidumbre y descontento entre las comunidades destinatarias de los predios.
La Contraloría también señaló que los retrasos en la entrega de los predios adquiridos han sido otro factor crítico en la gestión de la ANT. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% han sido entregados a la población campesina, mientras que solo el 5,3% han llegado a comunidades indígenas y apenas el 1% a comunidades negras.
Esta lentitud en la adjudicación no solo incumple las metas establecidas en la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales para la ANT, que debe asumir el mantenimiento de las tierras no entregadas.
El informe detalla que esta demora ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, obstaculizando el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiarias. Además, la Contraloría estima que los retrasos han ocasionado un presunto detrimento de los recursos públicos por un valor de 110.322 millones de pesos, lo que agrava aún más la situación.
Según el informe, las irregularidades detectadas no solo representan un problema financiero, sino que también ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en medio de la implementación del acuerdo de paz.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias en la gestión de la ANT dificultan la implementación de políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad en el acceso a la tierra, uno de los principales objetivos de la Reforma Rural Integral. Además, subrayó que la falta de cumplimiento de estas metas podría generar tensiones sociales y políticas en las regiones afectadas.
Ante este panorama, la Contraloría ha instado a la Agencia Nacional de Tierras a tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades detectadas y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Entre las recomendaciones se incluye la revisión de los procesos de adquisición de predios, con el objetivo de asegurar que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se ha solicitado a la ANT que acelere la entrega de tierras a las comunidades beneficiarias y que implemente estrategias efectivas para recuperar los predios ocupados ilegalmente.
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