Acusaron a transgénero colombiana de violar a un menor de 14 años en Estados Unidos: lo habría seguido hasta una bodega donde no pudo salir ni pedir ayuda

Un niño de 14 años fue víctima de un ataque sexual en un baño de una bodega ubicada en East Harlem, Nueva York (Estados Unidos), en un hecho que ha generado conmoción en la comunidad y reavivado el debate sobre las políticas de inmigración y las denominadas “ciudades santuario”.

Así lo confirmó el medio local New York Post, que reportó que los hechos ocurrieron el martes 11 de febrero de 2025 en inmediaciones del parque Thomas Jefferson, cuando el menor fue seguido hasta el baño por una mujer transgénero identificada como Nicol Suárez, de 30 años y originaria de Colombia.

De acuerdo con las autoridades, el menor logró salir del baño tras el ataque y alertó a testigos en el lugar, quienes notificaron a la policía. Suárez fue detenida al día siguiente cerca del lugar de los hechos y enfrenta cargos por violación en primer grado.

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Además, las investigaciones revelaron que la acusada ya era buscada por las autoridades en los estados de Nueva Jersey y Massachusetts, y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había emitido una orden de detención en su contra.

El ataque ha reavivado las críticas hacia las políticas de “ciudad santuario” de Nueva York, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Según consignó el mismo periódico estadounidense, una fuente policial señaló que este caso evidencia la necesidad de revisar estas políticas, argumentando que permiten que personas con antecedentes criminales permanezcan en el país.

“Esto demuestra que Donald Trump y Tom Homan tienen razón en que hay que sacar a los violentos de Nueva York”, afirmó la fuente, en referencia al expresidente de Estados Unidos y al exdirector interino del ICE. La misma fuente añadió que, de no existir estas restricciones, el ICE podría haber detenido y deportado a Suárez antes de que ocurriera el ataque.

El incidente ha generado indignación y preocupación entre los residentes de East Harlem. De igual forma, Azid Haime, propietario de una tienda de delicatessen cercana al lugar del ataque, expresó su consternación al enterarse de lo sucedido. “Ha destrozado la vida de ese niño”, declaró al medio de comunicación norteamericano.

Haime, de 59 años, describió cómo los niños del parque suelen acudir a su tienda a comprar dulces, lo que hace que el ataque sea aún más perturbador para la comunidad.

Por su parte, Lindsaey González, una madre de 24 años, también expresó su preocupación por el impacto que este evento tendrá en la vida del menor. “Ese chico debe estar muy traumatizado para el resto de su vida”, comentó al medio. González añadió que, como madre, siente una profunda empatía por la víctima y pidió que se tomen medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Según los registros consultados por el medio local, Nicol Suárez permanece detenida en Rikers Island, una de las cárceles más grandes y controvertidas de Nueva York. Aunque las autoridades confirmaron que el ICE había emitido una orden de detención contra Suárez, no se han revelado detalles sobre los cargos que enfrenta en Nueva Jersey y Massachusetts.

Una orden de detención del ICE es una solicitud para que las fuerzas del orden locales retengan a una persona hasta que pueda ser transferida a custodia federal. Sin embargo, las políticas de “ciudad santuario” de Nueva York limitan la capacidad de las autoridades locales para cumplir con estas solicitudes, salvo en casos excepcionales.

El caso también ha puesto de relieve la necesidad de equilibrar las políticas migratorias con la protección de las víctimas. “Nos preocupamos por los inmigrantes, pero ¿qué pasa con la víctima? Esta es una verdadera víctima”, señaló una fuente al mismo periódico, subrayando el impacto que este ataque tendrá en la vida del menor.

El debate sobre las políticas de inmigración y seguridad pública en Nueva York continúa siendo un tema divisivo. Mientras algunos abogan por mantener las protecciones para los inmigrantes indocumentados, otros insisten en que estas políticas deben ser revisadas para garantizar la seguridad de los residentes.