Por malos manejos en las obras de los Juegos Nacionales de 2015, mandaron a la cárcel a exalcalde de Ibagué

Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Ibagué, fue condenado a 4 años, 10 meses y 21 días de prisión por su responsabilidad en la contratación de obras y adecuaciones de escenarios dispuestos para la edición número XX de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario tolimense aceptó mediante preacuerdo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por lo que cumplirá su pena privativa en un establecimiento carcelario.

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De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusatorio, los hechos por los que Rodríguez Ramírez fue condenado a prisión, se refiere a dos convenios suscritos el 5 de diciembre de 2014, entre Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte), la Gobernación de Tolima, la Alcaldía de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), donde se pretendía ejecutar la remodelación del coliseo menor y de las piscinas de la Unidad Deportiva de la ciudad tolimense.

“Rodríguez Ramírez debía ejercer control y vigilancia para el adecuado uso y destinación de los recursos. Sin embargo, permitió que el gerente del IMDRI abriera cuentas de ahorros para administrar los dineros que iban a depositar las demás entidades comprometidas, una obligación que no le correspondía y desconocía lo acordado”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

A su vez, la entidad acusatoria relató que este movimiento de la institución local, generó que Coldeportes detuviera la ejecución de los proyectos hasta que fuera subsanada la irregularidad.

Del mismo modo, la investigación detalló que un asesor del entonces alcalde de Ibagué, junto con otros funcionarios y particulares, “direccionó la contratación a favor de un oferente específico, situación que evitó la participación de otros proponentes y vulneró los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad”.

Además de este proceso, el exalcalde Luis Hernando Rodríguez también enfrenta otros cuatro procesos por irregularidades en las obras de los escenarios para los Juegos Nacionales de 2015, donde la Fiscalía aseguró que también se tramitan preacuerdos.

El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, no es el único funcionario que está siendo investigado por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con los XX Juegos Deportivos Nacionales y los cuartos Juegos Paranacionales 2015, que se iban a realizar en Ibagué, Tolima.

Además del exmandatario, la Fiscalía ha formulado cargos contra Jaime Humberto Rivera, representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015; Melissa Suárez Lafaurie, contratista, Orlando Arciniegas Lagos, contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía; y Leonardo Valero, asesor de la administración municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados enfrentan delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio y concusión, en un proceso que viene adelantando un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima.

Según el ente acusatorio, cada uno de los implicados tuvo un papel clave en las irregularidades detectadas. Jaime Humberto Rivera, como representante legal de la Unión Temporal, habría sido responsable de la administración directa de los recursos. Por su parte, Melissa Suárez Lafaurie, en calidad de contratista, estaría vinculada a la ejecución de las obras y a la gestión de los fondos.

Entre tanto, Orlando Arciniegas Lagos, desde su posición en la Secretaría de Hacienda, habría participado en la estructuración del contrato. Finalmente, Leonardo Valero, como asesor de la administración municipal, habría contribuido al diseño y aprobación del proyecto que resultó en el desfalco.

El desfalco en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015 no solo afectó la reputación de la administración municipal de ese entonces, sino que también dejó un legado de desconfianza en la gestión pública. Los escenarios deportivos que debían ser un símbolo de desarrollo y progreso para la región se convirtieron en un recordatorio de las fallas en la planeación y ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.

Con la acusación formal presentada, se espera que el proceso judicial avance hacia la etapa de juicio, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.