La intención del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, de intentar interferir en la captura de Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, y que es señalado de comercializar con droga, podría traerle consecuencias judiciales. Y todo tras conocerse la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por los ciudadanos Sergio Álzate y Sebastián Velásquez, que lo acusan de obstruir a la justicia, como según ellos quedó demostrado en los videos que registraron el operativo.
Según los denunciantes, la intervención de Patiño habría buscado obstaculizar las acciones judiciales correspondientes en un caso de relevancia internacional, toda vez que el cabecilla del grupo insurgente Comando de Frontera, que es disidente de la Segunda Marquetalia, a su vez grupo emergente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), es requerido por la justicia norteamericana, señalado de traficar con cocaína.
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El hecho por el que fue denunciado Patiño corresponde al miércoles 12 de febrero de 2025, cuando funcionarios del CTI llevaron a cabo un operativo en el hotel Courtyard Marriot en Bogotá para capturar a alias Araña, que era solicitado por una corte federal del Distrito Sur de California, Estados Unidos, por lo que se emitió una circular roja de Interpol. La orden contra el acusado se basaba en sus supuestos vínculos con la comercialización del alcaloide con carteles internacionales, pues habría facilitado el traslado de drogas desde Ecuador hacia México y Estados Unidos.
Según los ciudadanos demandantes, Patiño habría intentado detener dicho operativo al considerarlo un “entrampamiento contra el proceso de paz”. Un hecho que quedó registrado en videos que se hicieron virales en las redes sociales, cuando el comisionado, molesto, exigió explicaciones por este operativo, y llamó tanto a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con el fin de reversar el mismo; eso sí, sin éxito alguno, pues la suspensión de órdenes de captura no cobijaba medidas internacionales.
A su vez, indicaron que el alto comisionado también contactó al comandante general del Ejército, general Luis Cardozo, y el director del CTI, Fabián Andrés Ordóñez, con el objetivo de detener la captura. Este señalamiento podría configurar, a juicio de los que interpusieron el recurso judicial, múltiples delitos tipificados en el Código Penal Colombiano, tales como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y favorecimiento.
La circular roja que pesa sobre Giovanny Andrés Rojas
Respecto a la orden de captura, se detalló que Interpol Francia había emitido una circular roja el 11 de febrero de 2025 basada en la solicitud de las autoridades estadounidenses. Un día después, integrantes del Cuerpo Técnico de Ingestigación y de la organización internacional lograron arrestar al sospechoso en el mencionado hotel, donde se llevaba el tercer ciclo de negociación con el Gobierno. Según el alegato presentado por Álzate y Velásquez, durante ese procedimiento Patiño indicó presiones directas para suspender la acción legítima, con los referidos llamados.
La controversia alcanzó nuevos niveles tras conocerse las declaraciones posteriores del comisionado Patiño, que aparentemente también calificó la operación de captura como un posible complot judicial contra el presunto narcotraficante e, incluso, lo habría defendido pese al proceso judicial que tendría en curso, sin importar que los cargos están vinculados por comercialización de estupefacientes.
“Él estaba allí en ese momento, y él debe responder por sus actos, por supuesto. No puede ser que la justicia opere de esa manera y que intempestivamente, como se produjo ayer, al final de un ciclo bastante promisorio, irrumpa de esa manera y de un manotazo, de un golpe de mano, trata de acabar con ese proceso, independientemente de que el señor Andrés Rojas tenga esa actitud, de seguir exportando o participando en exportaciones de coca", afirmó Patiño en diálogo con Noticias Caracol.
Es por tal motivo que los dos ciudadanos demandantes instaron a la Fiscalía a adelantar una investigación exhaustiva, en la que se tenga en cuenta la recopilación de testimonios de los agentes que participaron en el operativo, así como la revisión de imágenes, grabaciones y otros registros de los hechos. Y, del mismo modo, solicitaron garantías para que no vuelvan a ocurrir actos que interfieran en procedimientos judiciales internacionales.
El caso sigue generando interés a nivel nacional, con fuertes repercusiones para el rol del comisionado en las dinámicas del gobierno actual y de los procesos de paz, que en su gran mayoría atraviesan por un momento crítico.
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