Nuevos impuestos a la extracción de carbón y petróleo generan controversia en los sectores mineros de Colombia

El Gobierno nacional ha emitido un decreto que introduce tres nuevos impuestos, entre ellos un gravamen del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, tras la situación de estado de conmoción.

La medida, que estará vigente durante 2025, ha generado un fuerte rechazo en sectores económicos clave, particularmente en la industria carbonera, que advierte un impacto negativo en la competitividad y sostenibilidad del sector.

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El impuesto del 1% se aplicará tanto a las ventas nacionales como a las exportaciones de hidrocarburos y carbón. Según el Decreto 0175, en el caso de las ventas internas, el tributo se causará al momento de la emisión de la factura o en la primera entrega del producto. Para las exportaciones, el gravamen se activará con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque.

Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), expresó su preocupación a W Radio por los efectos adversos de la medida.

Según Cante, la implementación de este tributo podría tener consecuencias devastadoras para el sector carbonero, al punto de “quebrar” a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas.

“Esto es parte de una estrategia para acabar con la competitividad internacional de los carbones colombianos y justificar un modelo de transición energética acelerada que no le sirve a Colombia”, afirmó el dirigente gremial.

Fenalcarbón ha advertido que este nuevo esquema tributario podría derivar en una “tributación en cascada” que afectaría no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños mineros, quienes cumplen un papel crucial en regiones como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

La federación también ha señalado que esta carga fiscal comprometería la viabilidad de las exportaciones y la estabilidad económica del sector, afectando a comunidades que dependen de la actividad minera.

A pesar de que el Gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para abordar la crisis en el Catatumbo, no ha detallado cómo se destinarán los recursos recaudados. Esto ha generado aún más incertidumbre en el sector, que teme que el tributo se extienda más allá del 2025 y se convierta en un impuesto permanente mediante una reforma tributaria.

La industria del carbón ha sido históricamente un pilar de la economía colombiana. En 2024, el país produjo aproximadamente 65 millones de toneladas de carbón, representando el 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB). El sector ha sido fundamental para la generación de empleo y la dinamización económica en diversas regiones.

Sin embargo, con la implementación del nuevo impuesto, la competitividad del carbón colombiano en los mercados internacionales podría verse seriamente afectada.

Fenalcarbón ha advertido que la medida impactará tanto a los carbones térmicos como a los metalúrgicos, sin importar su destino, lo que podría traducirse en una reducción de las exportaciones y, por ende, en menores ingresos fiscales y un deterioro de la balanza comercial del país.

A la controversia por el nuevo impuesto se suma el reciente incremento en las tarifas del transporte de carga terrestre, una medida que también ha encendido las alarmas en el sector carbonero.

La actualización de los costos de fletes, anunciada por el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sicetac), entrará en vigor en febrero y podría incrementar los costos logísticos hasta en un 40% en algunas rutas clave para la industria.

Según Fenalcarbón, este ajuste pone en riesgo más de 4 millones de toneladas de carbón y coque transportadas anualmente desde el interior del país hacia los puertos.

La federación advirtió que el aumento en las tarifas generará sobrecostos operativos que podrían comprometer la viabilidad de la exportación y afectar la economía nacional.

La Asociación de Transportadores de Carga (ATC) respondió a las críticas de Fenalcarbón, asegurando que la actualización del Sicetac busca garantizar que los costos operativos del transporte público sean cubiertos de manera justa.

Anderson Quiceno, presidente de la ATC, desestimó las preocupaciones del sector carbonero y argumentó que la federación está malinterpretando la medida.