El caso de Alexis Cuesta, exdirector de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), acusado de abuso sexual contra una adolescente de 15 años, ha generado una fuerte controversia en la región del Urabá antioqueño.
Según informó El Colombiano, la madre de la víctima ha decidido hablar públicamente sobre los hechos, denunciando amenazas y seguimientos que han puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.
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Este proceso judicial, que comenzó en mayo de 2022, mantiene al acusado bajo medida privativa de la libertad, mientras se espera una nueva audiencia en febrero de 2024.
La Fiscalía investiga a Cuesta por presuntamente haber llevado a la menor a un hotel mediante engaños, donde habría abusado de ella tras suministrarle una sustancia.
La madre de la adolescente, que aún reside en la región donde ocurrieron los hechos, relató que decidió romper el silencio debido al impacto devastador que este caso ha tenido en su familia.
“Esto es algo que me causa mucho dolor, es muy traumático, porque lo dañan a uno como familia completamente, tanto a la hija que sufrió esto como a los otros hijos”, expresó la mujer al medio.
La madre de la víctima ha señalado que en los últimos días ha sido objeto de comportamientos sospechosos que han incrementado su temor. Según detallo al medio citado, ha notado la presencia de personas desconocidas que la vigilan y le toman fotografías.
Esta semana se plantó un carro afuera de mi negocio, no compraron nada, vi que bajaron la ventana y me tomaron unas fotos. También fue una moto y miraban el negocio y tomaron fotos”, denunció.
Ante esta situación, la mujer ha solicitado acompañamiento policial en al menos cuatro ocasiones para garantizar su seguridad durante los desplazamientos entre su lugar de trabajo y su hogar.
Uno de los aspectos más impactantes del caso es la relación de parentesco entre la víctima y el acusado. Según explicó la madre de la menor al medio fuente, Alexis Cuesta es hermano del padre de su hija, lo que agravó la situación debido a la confianza que la familia había depositado en él.
La mujer relató que en 2022 llegó al Urabá desplazada desde otra región para proteger a sus hijos del reclutamiento forzado por grupos armados ilegales. Durante ese tiempo, Cuesta se ganó la confianza de la familia. “Era un hombre que nosotros admirábamos, una persona respetuosa, amable, sencilla”, señaló.
La madre aseguró que cuenta con pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, incluyendo exámenes médicos realizados a su hija, las cuales ya están en poder de la Fiscalía.
Además, ha tomado medidas preventivas al entregar copias de estas pruebas a personas de confianza, en caso de que algo le suceda. Sin embargo, afirmó desconocer el origen de los seguimientos que ha denunciado.
El abuso sexual ha tenido consecuencias devastadoras en la vida de la adolescente, que ha requerido tratamiento psiquiátrico y ha enfrentado dificultades para retomar su rutina.
Según explicó su madre, la joven abandonó sus actividades escolares y deportivas debido a la depresión que sufrió tras los hechos. “Mi hija todavía se despierta llorando, a veces a mí me toca quedarme hasta las 5:00 de la mañana hablando con ella porque no tiene sueño”, relató.
En 2023, la adolescente tuvo que finalizar su último año de colegio desde casa, lo que refleja el nivel de afectación emocional que ha enfrentado. La madre enfatizó que su prioridad es que se haga justicia y que el presunto agresor pague por lo que le hizo a su hija y a su familia.
“Yo espero justicia. Existe una justicia divina y existe una justicia terrenal. Yo quiero que él pague por lo que le hizo a mi hija, por lo que nos hizo a nosotros”, declaró.
El proceso judicial contra Alexis Cuesta ha avanzado lentamente. En enero de 2024, la defensa del acusado solicitó su libertad, pero el juez negó la petición. Esta decisión fue apelada por el abogado de Cuesta, y se espera que el próximo 19 de febrero se lleve a cabo una nueva audiencia.
La posibilidad de que el exdirector de Corpourabá recupere su libertad ha generado controversia en la región. Colectivos feministas han exigido que Cuesta permanezca detenido mientras se desarrolla el juicio, argumentando que su liberación podría poner en riesgo a la víctima y a su familia.
En las próximas audiencias, se espera que la Fiscalía presente las pruebas recopiladas contra el acusado, mientras que la defensa buscará desacreditar los señalamientos.
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