Un caso de acoso digital viene alarmando a la comunidad de artistas tatuadoras en Medellín, Colombia, desde hace varios años. Las denuncias apuntan a un hombre que, a través de múltiples perfiles en Instagram y números de WhatsApp, contacta a mujeres tatuadoras para solicitar cotizaciones de tatuajes, pero en lugar de avanzar con el proceso profesional, termina enviando imágenes explícitas de índole sexual sin consentimiento.
“Nos dimos cuenta que eran prácticamente casi todas las tatuadoras de Medellín”, afirmó Susana Moncada, una de las denunciantes más visibles del caso, a través de un video publicado en Instagram. Según el reporte, desde el 2019 o 2020, este individuo, identificado por las denunciantes como Andrés Ruocco, habría estado contactando a mujeres presentándose de forma similar y con fines inapropiados. “Somos 70 mujeres, la mayoría tenemos denuncias legales, pero no hemos obtenido respuestas concretas”, añadió Moncada.
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Aunque en un principio la situación se manejó aisladamente, una red de apoyo entre tatuadoras en Medellín ayudó a identificar un patrón más amplio del problema. “Al bloquearlo, él regresa con otro perfil; es aterrador”, aseguraron las víctimas. Este grupo, que inicialmente surgió como un espacio para compartir información técnica o vender equipos, evolucionó en una herramienta para exponer y advertir sobre los abusos de este hombre.
Según las denunciantes, el acosador no solo reside fuera del país, sino que hace poco fue identificado como un ciudadano estadounidense vinculado a la Armada y a un gimnasio como entrenador. Desde esa localización, habría cometido los actos durante años con aparente impunidad. “Incluso le contactamos en su trabajo en Estados Unidos, pero nadie nos ayudó”, señaló Moncada en sus redes sociales.

Recientemente, las alarmas se reactivaron cuando se supo que el hombre estaría en territorio colombiano, específicamente en Antioquia, lo que generó un renovado estado de alerta entre las tatuadoras. “Tenemos miedo de que, siendo conscientes de nuestras denuncias, trate de ejercer otras formas de violencia”, expresaron en conjunto al medio. Una de las mujeres agregó que no es una situación aislada, ya que mujeres de otras ciudades colombianas y hasta de Ciudad de México aseguraron haber recibido mensajes similares.
A pesar de que las tatuadoras han tramitado denuncias ante las autoridades locales y bloquearon números de contacto, poca respuesta efectiva se ha visto. De acuerdo con El Espectador, Valeria Molina, secretaria de Mujeres de Medellín, sostuvo que han ofrecido apoyo jurídico y psicológico a las víctimas y que las investigaciones en la Fiscalía están en curso. “Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó a Migración acciones administrativas en coordinación con la Embajada de Estados Unidos”, aseguró Molina, según el reporte.
Sin embargo, las tatuadoras consideran que las gestiones de las autoridades han sido insuficientes y lentas. Según El Espectador, una de las víctimas declaró: “Tuvimos que rogarle al secretario, porque no nos contestaba; la única ayuda real nos llegó de una abogada voluntaria”. Además, exigen medidas concretas y reales que vayan más allá de las recomendaciones psicológicas o genéricas. “No queremos solo atención psicológica, queremos restricciones para este tipo de personas”, enfatizó Moncada.
A través de su activismo en redes sociales, las mujeres afectadas han alzado la voz no solo para denunciar los acosos sufridos, sino también para exigir que se establezcan controles rigurosos hacia extranjeros que puedan representar un peligro. “El mensaje que se da es que cualquiera puede venir al país y violentarnos sin consecuencias”, reclamaron en redes sociales “Necesitamos resultados reales, garantías para trabajar segura como pequeña empresaria”, insistió Moncada.
El ambiente de inseguridad entre la comunidad de tatuadoras de Medellín no se limita al entorno virtual. Moncada explicó que al ser profesionales expuestas tanto en redes sociales como en estudios físicos de atención al público, el peligro que representa este individuo es cada vez más alarmante.
Pese a las promesas iniciales de ayuda, las tatuadoras lamentan que no se han activado mecanismos efectivos de seguimiento o vigilancia. Incluso, han solicitado un número de contacto directo con las autoridades para alertar posibles emergencias. “No queremos tomar la justicia por mano propia, pero necesitamos que el Estado actúe”, resaltaron.
El peligro latente y las agresiones sistemáticas han puesto en alerta a la comunidad de tatuadoras en Medellín, pero también a otras en diferentes ciudades del país y del extranjero. Estas mujeres, convertidas en una voz colectiva contra el acoso, insisten no solamente en resolver su caso específico, sino en establecer precedentes que garanticen la seguridad de todas las mujeres trabajadoras. “Estamos cansadas de que nuestras denuncias no tengan eco real en el sistema judicial”, declararon.

Sin mayor respuesta por parte del sistema legal, las denuncias ahora amplificadas en redes sociales buscan ejercer presión para que las autoridades aborden el caso de manera seria. Desde su testimonio público, Moncada cerró exigiendo que la situación cambie de fondo: “Que no solo metamos ruido en redes para exponer nuestras historias, sino que hagan algo que realmente brinde seguridad y justicia”.
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