El proceso de extradición de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, avanza en Portugal mientras la Fiscalía General de la Nación destapa una red de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en la que estarían implicados varios oficiales retirados.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que al menos cinco personas han sido judicializadas y que ya se adelanta un juicio relacionado con los hechos de corrupción que comprometen la integridad de la Polfa.
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Para investigar esta estructura delictiva se conformó un equipo de tareas especiales, liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, apoyado por tres fiscales y personal de Policía judicial.
“Se agotó hace no mucho la imputación contra alias Papá Pitufo, y hay al menos cinco personas judicializadas. Tenemos un juicio andando por estos hechos de corrupción al interior de la Policía Fiscal y Aduanera”, explicó Camargo.
Oficiales retirados en la mira por corrupción y contrabando
Las investigaciones han revelado que los implicados en esta red de corrupción no solo son exmiembros de la Polfa, sino que habrían facilitado actividades de contrabando durante años.
Un agente encubierto de la Fiscalía entregó testimonios que señalan directamente al coronel retirado José Abdón Galindo Sánchez, excomandante de la Policía en Bolívar y antiguo jefe de la Polfa en Cartagena, como una de las figuras clave de este entramado, de acuerdo con la información de Semana.
El expatrullero Édgar Humberto Bacca Suárez, quien en su momento fue conductor del coronel Galindo, también estaría implicado. Actualmente, Bacca Suárez es dueño de la agencia Cargo Aduanas S.A.S., empresa que, presuntamente, servía como fachada para gestionar pagos de mercancías de contrabando.
Según el testimonio del agente encubierto, el coronel Galindo habría mantenido vínculos con contrabandistas mientras dirigía la Polfa en Cartagena. Bacca Suárez, a su vez, habría amasado una fortuna gracias a estas actividades ilegales. “Hace poco estuvo en Roma, la semana antepasada estuvo en Dubái”, reveló el testigo.
Sobornos y pruebas clave en la investigación
Uno de los episodios que refuerza las acusaciones contra los implicados ocurrió cuando Bacca Suárez intentó sobornar al agente encubierto. Según las pruebas presentadas ante la Fiscalía, el expatrullero entregó una bolsa de papel con 10 millones de pesos en efectivo (unos 2.400 dólares) para ganar su colaboración en las operaciones de contrabando. Este hecho fue registrado en video y forma parte de las evidencias del caso.
Julián Mauricio Ramírez Bedoya, intendente de la Polfa en Cartagena, también estaría vinculado a la red delictiva. Las investigaciones apuntan a que varios uniformados facilitaron el ingreso y distribución de mercancías ilegales con la complicidad de alias Papá Pitufo, según el medio citado.
Alias Papá Pitufo y el proceso de extradición
Alias Papá Pitufo, considerado uno de los principales contrabandistas de Colombia, fue capturado en Portugal luego de haber escapado de España, donde inicialmente se había solicitado su repatriación.
La fiscal general confirmó que su solicitud de asilo en Portugal no interferirá con el proceso de extradición y que la petición ante las autoridades lusas está bien encaminada.
“Cuando asumí como fiscal, ya estaba la solicitud de extradición a España, porque él se encontraba ahí. Infortunadamente, cuando ya tuvimos el sí, el señor Marín se desplazó de manera subrepticia a Portugal. La nueva solicitud está adelantada”, detalló Camargo.
Un golpe a la credibilidad de la Policía Nacional
El escándalo ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha puesto en entredicho la transparencia de la Polfa. La salida del coronel Galindo de la institución y su vinculación con esta investigación han reforzado los cuestionamientos sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para desmantelar esta red de contrabando y corrupción. Mientras tanto, la posible extradición de alias Papá Pitufo podría aportar más detalles sobre el alcance de estas operaciones ilícitas y los funcionarios que estarían involucrados.
Las autoridades ahora enfrentan el reto de recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
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