La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), una organización insurgente que participa en negociaciones con el Gobierno colombiano, denunció la captura de uno de sus principales representantes, Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’.
Según un comunicado emitido por el grupo, la detención, ocurrida el pasado 12 de febrero, representa un “entrampamiento” que amenaza con fracturar los avances logrados en el marco de la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro.
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La organización condicionó su continuidad en los diálogos a la liberación de su vocero de paz.
De acuerdo con el comunicado difundido por la CN-EB, la captura de Rojas fue llevada a cabo por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
La organización calificó este hecho como un ataque directo al proceso de paz y cuestionó la soberanía del Estado colombiano, aludiendo a la injerencia de entidades extranjeras en asuntos internos. Además, hizo un llamado a los países garantes, a la ONU y a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica para que intervengan en la resolución de este conflicto.
La CN-EB destacó que, hasta antes de la detención de su representante, los diálogos con el Gobierno habían alcanzado acuerdos significativos en temas como transformaciones territoriales, garantías de seguridad y un marco judicial para la implementación de la paz total.
Estas negociaciones, que se desarrollaron entre el 10 y el 12 de febrero en la ciudad de Bogotá, buscaban mejorar las condiciones de vida en regiones históricamente marginadas por el Estado.
El grupo insurgente subrayó que estos acuerdos representaban un avance tangible para las comunidades afectadas por el conflicto armado, en línea con la política de paz total impulsada por el Gobierno de Petro.
En su comunicado, la CN-EB instó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse sobre la detención de Rojas y a reafirmar su compromiso con la paz total. Asimismo, exigió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que aclare si su institución está dispuesta a contribuir al fin del conflicto armado o si, por el contrario, busca perpetuar la violencia en el país.
La organización insurgente también reiteró su disposición a continuar explorando caminos hacia un gran acuerdo de paz, pero condicionó esta voluntad a la resolución de la situación jurídica de su vocero. Según el grupo, la libertad de Rojas es un requisito indispensable para avanzar en las negociaciones.
En medio de esta crisis, la CN-EB apeló a la comunidad internacional para que actúe como mediadora en el conflicto. En particular, solicitó la intervención de los países garantes del proceso de paz, así como de organismos internacionales como la ONU y la Iglesia Católica, para que utilicen sus “buenos oficios” en la búsqueda de una solución al impasse.
El grupo insurgente enfatizó que la detención de Rojas no solo pone en riesgo los avances logrados en los diálogos, sino que también cuestiona la legitimidad de la política de paz total como una estrategia de Estado. Según la CN-EB, este episodio podría tener repercusiones negativas para las comunidades que esperan beneficiarse de los acuerdos alcanzados.
La política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro ha sido una de las principales apuestas de su administración para poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia.
La CN-EB, que opera en las montañas del sur y occidente de Colombia, ha señalado que su lucha se centra en garantizar la paz y la dignidad en los territorios donde tiene presencia. No obstante, la organización advirtió que la continuidad de su participación en los diálogos dependerá de la respuesta del Gobierno y de la Fiscalía frente a la situación de su vocero.
Gobierno colombiano anuncia protocolos para monitorear actividades de las disidencias de las Farc tras denuncias comunitarias luego de la captura de <i>La Araña</i>
El Gobierno de Colombia ha decidido implementar una serie de protocolos para abordar las denuncias de actividades criminales atribuidas a las disidencias de las Farc, según informó el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Armando Novoa.
Novoa detalló que se han recibido 188 quejas de las comunidades afectadas, lo que ha llevado a la administración a buscar mecanismos que permitan un monitoreo y verificación más efectivos de los acuerdos establecidos en las negociaciones de paz.
De acuerdo con Novoa, las quejas de las comunidades han sido un factor determinante para tomar medidas concretas. Estas denuncias incluyen presuntas actividades ilícitas realizadas por las disidencias, lo que ha generado preocupación en las regiones afectadas.
“Aquí pactamos la conformación inmediata de un protocolo para dar respuesta a esa situación. Protocolo de evaluación, prórroga y seguimiento; Protocolo de seguridad y protección del mecanismo; Protocolo de comunicaciones para la prevención de incidentes, protocolo de pedagogía, otros protocolos necesarios para el desarrollo del juego bilateral, temporal y local. ¿Quiénes estarán presentes en esta subcomisión en representación del gobierno?: El jefe negociador, un miembro de la delegación, un delegado del ministro de defensa, un observador militar, un observador policial y un acompañante del observador militar y policial”, afirmó Novoa.
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