Riesgo de colapso del MIO en Cali desata escándalo y millonaria demanda, miles de usuarios en vilo

La crisis del sistema de transporte masivo MIO en Cali alcanzó un punto crítico con la presentación de una queja disciplinaria por parte de la Red de Veedurías de Colombia contra los directivos de MetroCali. La denuncia, liderada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la red de veedurías, fue radicada ante la Personería Municipal de Santiago de Cali y apunta a la presunta mala gestión del gerente Álvaro José Rengifo Campo y otros responsables, lo que puso en peligro la estabilidad del sistema de transporte de la ciudad.

El problema tiene sus raíces en 2008, cuando MetroCali firmó un contrato con la UTR&T para desarrollar y operar el sistema de información y recaudo del MIO. Con el paso de los años, diversas dificultades financieras y administrativas comenzaron a afectar el cumplimiento del contrato, generando un deterioro progresivo en la operación del sistema. En un intento por mitigar la crisis, en 2015 el gobierno nacional introdujo nuevas reglas de financiación para los sistemas de transporte masivo, con el fin de proporcionar apoyo económico adicional. Sin embargo, la situación del MIO no mejoró y los problemas continuaron acumulándose.

Para 2019, el Ministerio de Transporte y otras entidades emitieron una circular con directrices destinadas a prevenir el colapso del sistema. En ella se indicaba que cualquier reestructuración debía realizarse con la participación de todas las partes involucradas. Sin embargo, esta recomendación no fue acatada en su totalidad, lo que generó tensiones adicionales entre MetroCali y sus contratistas. Como resultado, en 2020 la UTR&T interpuso una demanda contra MetroCali ante la Cámara de Comercio de Cali, reclamando el pago de 263.000 millones de pesos por supuestos incumplimientos contractuales.

Ante esta situación, en julio del mismo año se iniciaron negociaciones entre ambas partes con el objetivo de evaluar la viabilidad de la concesión y encontrar soluciones que permitieran garantizar la continuidad del servicio. A pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, no se lograron resultados concretos, lo que contribuyó a agravar la crisis del sistema de recaudo del MIO. Según la denuncia de la red de veedurías, la falta de acciones eficaces por parte de MetroCali podría desembocar en el colapso del recaudo, lo que afectaría gravemente la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo en Cali.

El impacto de esta crisis no se limita únicamente a la operación del MIO. De no resolverse la situación a tiempo, miles de usuarios podrían quedarse sin acceso al transporte público, afectando la movilidad en toda la ciudad. Además, los problemas financieros derivados de este conflicto podrían generar un efecto dominó en el presupuesto público, comprometiendo recursos que deberían destinarse a otros sectores esenciales como la educación, la salud y la infraestructura urbana.

Otro aspecto preocupante señalado en la queja es la posibilidad de que MetroCali enfrente sanciones económicas significativas y pagos de indemnizaciones millonarias en caso de que las demandas en su contra prosperen. Estas consecuencias podrían agravar aún más la crisis financiera de la entidad y dificultar cualquier intento de recuperación a corto plazo.

Por estas razones, la red de veedurías solicitó a la Personería Municipal que inicie una investigación exhaustiva para determinar si la administración de MetroCali incurrió en irregularidades disciplinarias. Según el organismo veedor, es fundamental tomar medidas correctivas de inmediato para evitar que la crisis del MIO se profundice y afecte aún más la movilidad y la economía de la ciudad.

A medida que la situación avanza, los caleños se enfrentan a un panorama incierto en cuanto al futuro del transporte masivo. La resolución de este conflicto dependerá de la voluntad de las autoridades locales y del cumplimiento de los compromisos adquiridos por MetroCali con sus contratistas y usuarios. Mientras tanto, la red de veedurías continúa presionando para que se establezcan responsabilidades y se tomen las decisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad del MIO y evitar su colapso total.