El Banco de la República alertó por lo que pasará con la edad de jubilación y la plata que habrá para pagar pensiones

Leonardo Villar, gerente general del Emisor, mostró dudas por la falta de reglamentación de la reforma pensional del Gobierno Petro a solo cinco meses de que entre en vigor

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, habló de la Ley 2381 de 2024 define un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Lo hizo durante el 27 Congreso de Tesorería de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Durante su intervención, mostró preocupación por esta y sobre el papel que jugará el Emisor en la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del nuevo sistema pensional, con base en lo aprobado el año pasado por el Congreso de la República.

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Según dijo, la reforma generará para Colpensiones un excedente de recursos temporal, que seguramente será insuficiente para cubrir las obligaciones futuras por concepto de pensiones: “El propio proyecto de ley estima que hacia 2070 que el Fondo de Ahorro para el Pilar Contributivo -Fapc - se habrá agotado plenamente, con lo cual el Gobierno requerirá aportar mayores recursos para cubrir el déficit correspondiente”.

Ante esto, dejó claro que el reto por hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo, con seguridad, “requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados”. Además, que el reto de avanzar en esa dirección sigue latente y no se altera en lo absoluto por el papel de administrador de recursos financieros que va a cumplir el Banco de la República.

Lamentó que la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República, como está planteada, le asigna a ese fondo unos ingresos calibrados de tal forma que no se afecte el gasto corriente en pensiones del Gobierno nacional ni el ahorro agregado de la economía.

Dijo que los recursos que reciba el Banco de la República, por medio del Fapc, serán canalizados hacia el mercado de capitales a través de administradores profesionales para generar una rentabilidad que ayude al Gobierno a cubrir sus obligaciones de pensiones en el futuro.

Con respecto a los recursos a administrar en el fondo, resaltó que, de acuerdo con cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), los ingresos anuales del mismo serían cercanos al 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros años del funcionamiento y alcanzarían 1,2% del PIB en 2051, año a partir del cual decaerían de manera progresiva. De acuerdo con ello, en el punto máximo los activos bajo administración alcanzarían aproximadamente $660 billones , equivalentes a más de 35% del PIB.

Puntualizó que se trata, por tanto, de una enorme responsabilidad, cuyo buen funcionamiento tendrá implicaciones importantes para los mercados financieros y de capitales.

“Estimaciones preliminares sugieren que los ingresos mensuales del fondo a partir del próximo 1 de julio serían del orden de $1.4 billones, lo que pone de presente la urgencia de que se definan a la mayor brevedad todos los detalles regulatorios para que el banco pueda definir los procesos y las contrataciones correspondientes para su buen funcionamiento”, añadió Villar.

Para avanzar en la estructuración del Fondo, manifestó que es fundamental contar con una normativa que defina la conformación del comité directivo, así como las funciones de este mismo y del banco como administrador. Insistió en que el Banco de la República trabaja de la mano con el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Regulación Financiera (URF) para delinear una propuesta normativa que deberá expedir el Gobierno.

Según él, en este proyecto de decreto se planteó un periodo de transición que permita comenzar a funcionar el 1 de julio, a pesar del rezago que ya existe en la reglamentación requerida para conformar el comité directivo del Fapc, avanzar en elaborar los contratos con los administradores delegados, definir los criterios para escogerlos y establecer los lineamientos de inversión.

El funcionario espera que el borrador de decreto que se trabajó con la URF y el Ministerio de Hacienda y está en revisión del Ministerio de Trabajo, pueda ser publicado a la mayor brevedad para comentarios del público. Esto, debido a que con la expedición podrá iniciarse el proceso de preparación para un cambio de tanta profundidad como el que viene adelante y para lo cual se cuenta con menos de cinco meses. Sin la pronta expedición de este decreto resultaría imposible definir los elementos esenciales para empezar a administrar el Fondo en su periodo de transición, advirtió.

De igual manera, habló de la reglamentación adicional que debe hacer el Gobierno, entre otros, sobre la operatividad para definir los ingresos del fondo, la definición del esquema de subcuentas generacionales, las respectivas políticas de inversión y la fase de desacumulación.

“La pronta expedición de los decretos correspondientes resulta absolutamente indispensable para que el banco pueda cumplir en los tiempos establecidos con las funciones que le asignó la ley”, afirmó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.