Caos en Universidad Nacional de Medellín por presencia de encapuchados: alcalde se pronunció

En la tarde del jueves 13 de febrero, la Universidad Nacional, sede Medellín, se convirtió en el epicentro de una compleja situación de orden público.

Según los reportes preliminares, un grupo de encapuchados lanzó artefactos explosivos dentro del campus, lo que llevó a la suspensión de todas las actividades académicas, administrativas y culturales en el lugar.

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La situación también afectó la movilidad en las inmediaciones del plantel educativo, generando bloqueos en importantes vías de la ciudad, como la autopista Norte a la altura de Punto Cero.

De acuerdo con el comunicado emitido por el centro educativo, las actividades en el campus El Volador fueron suspendidas de manera indefinida hasta que se restablezca el orden. Además, la institución aseguró que informará a la comunidad universitaria sobre la reanudación de las actividades a través de sus canales oficiales.

“En caso de no ser acatada esta instrucción, la permanencia en el campus será bajo el riesgo y responsabilidad de cada persona”, complementó el comunicado.

Ante la crítica situación que se registra, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió sobre lo ocurrido y las medidas implementadas, a través de su cuenta personal de X.

En su mensaje, destacó que las autoridades actuaron de manera preventiva al cerrar las vías cercanas y desplegar efectivos de la Policía para evitar que los disturbios se extendieran fuera del campus. Además, criticó el uso indebido de la autonomía universitaria por parte de algunos sujetos, señalando que esta no puede ser utilizada como excusa para generar desórdenes o evadir la acción del Estado.

“Unos pocos se escudan en la autonomía universitaria creyendo que pueden hacer lo que quieran y que nada les va a pasar. Se equivocan: la autonomía universitaria es frente a lo académico y frente a lo administrativo, pero en materia de orden público el Estado no tiene territorios vedados. Y quienes se tapan la cara y lanzan artefactos explosivos, antes que cualquier otra cosa, son terroristas, y ante ellos como tal debe actuar la fuerza pública y la justicia”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que varios tramos viales permanecen cerrados debido a una manifestación ciudadana relacionada con los disturbios, mientras que usuarios han compartido videos y fotografías que muestran a encapuchados detonando papas bomba dentro del campus universitario.

La Universidad Nacional de Colombia tomó la decisión de declarar desierto el proceso de licitación para un contrato de vigilancia y seguridad, valorado en $98.614 millones, que garantizaría la protección de sus nueve sedes. Esta medida fue adoptada tras confirmar que el único oferente, la Unión Temporal Alianza Segura, no cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, lo que provocó un rechazo automático de su propuesta.

El incumplimiento principal estuvo relacionado con la falta de una visita técnica obligatoria a las sedes de la universidad, un requisito estipulado en el numeral 2.3 de los pliegos de condiciones, fundamental para que los oferentes comprendieran las necesidades específicas de cada sede y formularan propuestas ajustadas.

Esto dejó a la universidad sin alternativas viables y condujo a la descalificación de la única oferta presentada, conformada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada.

El proceso de licitación ya había estado rodeado de críticas desde su inicio en diciembre de 2024. Uno de los principales señalamientos fue la falta de transparencia, ya que la convocatoria no se publicó en la plataforma oficial de contratación pública en Colombia, Secop II, sino únicamente en la página web de la Universidad.

Además, esta publicación ocurrió el 20 de diciembre, en pleno período vacacional, y el plazo de un mes para la presentación de propuestas fue significativamente más corto de lo habitual en este tipo de procesos.

De acuerdo con Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, el manejo de este contrato presentó un “alto riesgo de corrupción” debido a la opacidad y a la falta de pluralidad en los oferentes. Torres argumentó que los requisitos desproporcionados y la celeridad del trámite pudieron haber favorecido a un contratista específico, lo que recordó características de un “pliego sastre”.