
El martes 11 de febrero nuevamente hubo tensiones entre el Gobierno Nacional y el alcalde Mayor, Gustavo Petro, ahora por cuenta de la atención y ayuda para el retorno de los indígenas embera que fueron desplazados por la violencia desde sus territorios ancestrales.
Durante la mañana el mandatario distrital cuestionó que aunque cumplieron con su compromiso de lograr el retorno de parte de esa comunidad que permanece en la capital colombiana, por parte de la administración Petro han incumplido con las fases siguientes de apoyo a esa población originaria.
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“Nos preocupa muchísimo lo que está pasando porque nosotros avanzamos el año pasado en el esfuerzo de garantizar el retorno y en lo que correspondía a Bogotá se hizo el esfuerzo del Parque Nacional, que fue significativo. La mayoría regresaron a su territorio, algunos a otros territorios y estamos en trabajo con con el Gobierno Nacional para lograrlo, pero a partir de ahí la segunda fase y la tercera fase del retorno no ha avanzado y la información que tenemos es que parte de la Unidad de Víctimas y del Gobierno nacional no lo hará”, reprochó.
Galán señaló que este año, la ciudad no podría volver a asumir un esfuerzo similar, y hay gran preocupación, ya que esta población está en pésimas condiciones en los albergues de la ciudad, por lo que reiteró su llamado para que apoyen a estas comunidades, como les corresponde.
“Las condiciones obviamente son muy precarias, con un riesgo grave, particularmente los menores. Entonces hacemos un llamado a nivel nacional para que se reactive”, agregó.
Ante el señalamiento, la Directora General de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, sostuvo que estaba sorprendida por las declaraciones del alcalde, que según ella desconocía el trabajo que estaban realizando desde ese organismo.
“Primero no se ha retornado ni uno solo de los integrantes del pueblo embera que salieron del Parque Nacional hacia Risaralda y Chocó, después de haber hecho retornos en 11 oportunidades y haber regresado a lo largo de la historia a Bogotá. Segundo, nos hemos reunido en forma permanente con los que están en La Rioja y la Florida, asentamientos en los que están también las comunidades”, indicó la funcionaria.
Reiteró que hacen seguimiento al grupo que llegó al departamento cafetero, así como al cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con esa comunidad, y otro grupo que había hecho una minga en la capital colombiana recientemente.
“Lo que sí tendría que aclararle a la ciudadanía es por qué no se ha adelantado un plan de integración que pueda acoger a una minoría del pueblo, Embera que ha optado por quedarse en Bogotá. La mayoría ha optado por el retorno, requiere un plan institucional, una estrategia como lo está haciendo ahora mismo Santa Marta con ciudad equidad, un barrio que se hizo para la población desplazada. Entonces tendremos que decirle que es muy importante ponerse al día con las acciones que le corresponden al Distrito”, concluyó.
Desde 2021, ese pueblo originario tuvo que huir de sus territorios ancestrales en el occidente colombiano por cuenta de los enfrentamientos de los grupos armados organizados que se disputan las rentas ilegales.
La situación de esta comunidad ha sido crítica y recientemente se reportó la muerte de una niña de 7 años de esa comunidad. La menor perdió la vida el pasado jueves, 6 de febrero, mientras se encontraba en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, un espacio diseñado para atender a comunidades vulnerables en la capital.
Según los hechos, ella se desmayó repentinamente mientras realizaba actividades cotidianas en el lugar, lo que obligó a su traslado urgente a un centro médico. Sin embargo, llegó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento poco después.
De acuerdo con las autoridades distritales, el colapso sucedió en la mañana, activándose de inmediato los protocolos de emergencia. Personal de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) presente en la UPI la trasladó en ambulancia a la Unidad de Servicios de Salud (USS) Santa Clara, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, el deceso se declaró a las 9:59 de la mañana.
Para esclarecer las circunstancias de la muerte, el cuerpo de la menor fue enviado a Medicina Legal, donde se realizará una necropsia. Según registros médicos y testimonios familiares, la menor no presentaba antecedentes de salud relevantes.
De forma paralela, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) está llevando a cabo una investigación epidemiológica en la UPI La Rioja, analizando posibles factores ambientales o sanitarios que hayan podido influir en el fallecimiento. Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, las autoridades siguen recopilando información para determinar si existieron condiciones externas que contribuyeran a este trágico suceso.
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