Exconcejal de Medellín se habría quedado con más de 2.000 millones del hospital La María a través de una empresa que nunca existió

Una serie de irregularidades en contratos del hospital público La María entre 2018 y 2019 ha puesto en el centro de la atención judicial al exconcejal de Medellín por el Partido Conservador Lucas Cañas Jaramillo.

Aunque del caso solo se habían mencionado unos pocos detalles, este lunes 10 de febrero se conoció que el político fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, en un caso que involucra millonarias licitaciones adjudicadas a una empresa que, al parecer, solo existía en el papel.

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De acuerdo con la investigación conocida por El Colombiano, la empresa Vasalud IPS, vinculada a Cañas, habría recibido 102 órdenes de compra por un valor de 2.105 millones de pesos colombianos para proveer bienes y servicios al hospital.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la compañía no cumplía con los requisitos legales para ser proveedor y que su único propósito era beneficiarse de los recursos públicos.

Según detalló la Fiscalía, Vasalud IPS fue registrada en 2014 en Barranquilla con el objetivo de realizar actividades médicas en hospitales y clínicas del Atlántico. En 2018, Lucas Cañas adquirió el 50% de la empresa y la trasladó a Medellín.

Aunque posteriormente cedió las acciones a su madre, continuó al frente de las operaciones. El otro 50% de la compañía pertenecía a Fernando Enrique Cadena Bonfanti, mientras que el representante legal era Juan Camilo Moncada Cárdenas, amigo cercano de Cañas y quien más tarde trabajaría con él en el Concejo de Medellín.

Entre los bienes y servicios que Vasalud IPS debía suministrar al hospital se incluían medicamentos para el tratamiento del VIH y la tuberculosis, equipos de laboratorio, material quirúrgico, implementos de aseo y colchones.

Sin embargo, según la información obtenida por El Colombiano, la Fiscalía asegura que la empresa no contaba con los permisos necesarios ni con la capacidad para cumplir con estos contratos. Incluso, en interceptaciones telefónicas, el propio Cañas habría descrito a Vasalud como una “empresa de papel”.

Las investigaciones indicaron que los documentos anexados a las órdenes de compra carecían de estudios de mercado, cotizaciones o comparaciones de precios que justificaran la selección de Vasalud IPS como proveedor.

Además, la primera factura emitida por la empresa al hospital data del 17 de julio de 2018, pero su registro como proveedor ocurrió 15 días después, el 31 de julio.

La fiscal del caso señaló que el hospital realizó compras a un proveedor del cual no tenía certeza sobre su reputación ni su capacidad en el mercado, especialmente en la comercialización de medicamentos para pacientes con VIH.

Por otro lado, las direcciones registradas por Vasalud IPS en Medellín no correspondían a sedes operativas. Una de ellas albergaba un centro técnico de formación laboral, mientras que la otra era un edificio residencial que prohíbe el funcionamiento de establecimientos comerciales.

Además, la empresa no estaba registrada como prestadora de servicios de salud ante el Ministerio ni contaba con habilitación de la Secretaría de Salud departamental.

La Fiscalía también reveló que varios medicamentos suministrados por Vasalud IPS carecían de registro Invima y número de lote, lo que impidió garantizar su trazabilidad. Asimismo, se detectaron diferencias entre los precios de compra y venta.

Por ejemplo, un medicamento adquirido por la empresa a 51.600 pesos fue vendido al hospital por apenas 540 pesos, un precio que la Fiscalía calificó como irrisorio.

Además, al menos 37 laboratorios farmacéuticos que Vasalud mencionó como proveedores negaron haber tenido relaciones comerciales con la empresa. En otros casos, los laboratorios citados no tenían dirección física, sitio web ni correo electrónico, lo que sugiere que podrían no existir.

Incluso, el análisis financiero de Vasalud IPS mostró transacciones sospechosas. En 2018, se registraron retiros por 432 millones de pesos, y en 2019, por 736 millones de pesos, destinados a Juan Camilo Moncada, representante legal de la empresa.

Además, se identificaron giros por 80 millones de pesos a una fundación llamada Compromiso por Colombia, vinculada a la familia de Cañas. Esta fundación, a su vez, habría pagado a Teleantioquia por la emisión de un programa llamado “Conectados por la paz”.

Con base en las pruebas recolectadas, incluidas las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía concluyó que Lucas Cañas, junto con Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del hospital La María, y Juan Camilo Moncada, habrían coordinado un esquema criminal para desviar recursos públicos mediante una empresa fachada.

Según el ente acusador, Cañas sería el líder de este entramado, lo que lo expone a una pena de entre 12 y 27 años de prisión por el delito de concierto para delinquir.

A pesar de las imputaciones, la Fiscalía no encontró evidencia de enriquecimiento personal por parte de Cañas ni un detrimento patrimonial directo en las cuentas de Vasalud IPS. Por su parte, el exconcejal se declaró inocente de los cargos.