Si el Gobierno no paga subsidios, el precio de la luz subirá más de 100% en estos estratos, confirmaron distribuidoras

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el desembolso de $1 billón para cubrir parte de los subsidios al sector eléctrico generó múltiples reacciones, ya que, aunque representa un alivio parcial, no resuelve la profunda crisis financiera que enfrentan las distribuidoras de energía en Colombia. Así lo dio a entender el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, que detalló las dimensiones del problema y describió su gravedad.

Manzur reconoció el esfuerzo del Gobierno, pero destacó que la deuda acumulada del sector asciende a $7,4 billones, de los cuales $2,8 billones están relacionados de manera directa con subsidios sin pagar.

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Exactamente, indicó que persiste una delicada situación financiera de nuestras empresas. “A enero de 2025 los saldos por cobrar son cerca de 7,4 billones ($2,8 billones en subsidios, $3,2 billones en opción tarifaria, $1 billón en usuarios oficiales, entre otros)”, precisó. Además, que “de octubre pasado, cuando tuvimos nuestra primera rueda de prensa aquí mismo, la deuda por subsidios a estratos 1, 2 y 3, a hoy, se ha incrementado en un 40%”.

Sobre lo que puede ocurrir al respecto, explicó que existe el riesgo de que no se pueda seguir financiando los subsidios a 13,5 millones de hogares de estratos 1, 2 y 3, esto es, alrededor de 40 millones de colombianos.

Puntualizó que esta es una obligación del Estado, ya que las distribuidoras solo son el vehículo, pero si no llegan los pagos, las empresas ya no podrán seguirle prestando al Gobierno nacional: “Sin subsidios a las facturas de estos hogares, por ejemplo, en el peor escenario, hogares de estrato 1 en el Chocó tendrían incrementos en su factura cercanos a 140%, mientras que en la Región Caribe el aumento sería en promedio del 100%”.

Por supuesto, dejó claro que las empresas no quieren que esto pase, pero que tampoco quieren empresas intervenidas, por lo que esperan que “la enfermedad no se nos vuelva pandemia”.

Asimismo, vemos como buena señal los pagos parciales anunciados por el Ministerio de Hacienda, de $800.000 millones, a partir de febrero hasta abril, pero ante la magnitud de la deuda (a enero en $2,8 billones), advirtió que esos recursos son insuficientes. Esto, pues al cierre de abril, aun con el ingreso de esos dineros, el déficit en la deuda por concepto de subsidios estará en $3 billones.

Ante esto, solicitó al Gobierno nacional que esos pagos se hagan a las empresas de manera proporcional a las deudas de subsidios, y no de manera selectiva.

También pidió que se incrementen las sumas, se entreguen certificados y permita titularizar la deuda, se permita cruce de impuestos de renta con la deuda, entre otros.

Sobre la deuda de la opción tarifaria, el mecanismo que estableció el Gobierno Petro y con el que se buscó reducir el impacto para los usuarios de los incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados después por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo, dijo que se debe cumplir con la promesa del presidente en asumir la deuda, compromiso que hizo en mayo del 2024.

“Se requiere un proyecto de ley, con un solo artículo con mensaje de urgencia al Congreso”, manifestó el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur.

Por último, solicitó al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, una investigación y sanción a aquellos funcionarios que no pagan los servicios, algo que ya empezó a generar frutos, debido a que la Procuraduría, por medio de la Circular 005, instó a gobernadores, alcaldes y entidades descentralizadas a que cumplan con esta obligación.