En qué casos puede llevar defensas o sliders en la moto: preste atención para que no lo inmovilicen

El Ministerio de Transporte emitió un comunicado el 3 de diciembre de 2024 para aclarar la normativa relacionada con el uso de defensas rígidas en vehículos, incluyendo los elementos de protección empleadas por las motocicletas: defensas y sliders.

Dicha declaración llegó una semana después de que el tema fuera abordado por el señor Biter, que previamente había explicado las implicaciones de esa regulación en un video publicado el 26 de noviembre del 2024.

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Según el radicado 20243031938772 publicado por el ministerio, los dispositivos como sliders, barras de protección y defensas en motocicletas no pueden ser considerados defensas rígidas, ya que su propósito principal es proteger al conductor y al acompañante en caso de un accidente, evitando lesiones graves.

De acuerdo con el comunicado oficial, la normativa (ley 769 del 2002) establece que ningún vehículo puede circular por las vías urbanas portando defensas rígidas diferentes a las instaladas originalmente por el fabricante. Dado que, será castigado con una multa $204.000, según los valores emitidos para 2025, más la inmovilización.

Sin embargo, la entidad nacional enfatizó que dicha disposición no aplica de manera uniforme a todos los vehículos, ya que las motocicletas, por sus características específicas, no cuentan con sistemas de seguridad pasiva como los automóviles o camiones. Por lo tanto, los accesorios mencionados no deben ser motivo para la imposición de comparendos, puesto que no se consideran defensas rígidas.

Igualmente, el comunicado por parte de la cartera de Transporte resalta que las defensas instaladas en motocicletas, como los sliders o barras de protección, tienen un objetivo claro: proteger las extremidades del conductor y del acompañante en caso de caídas o accidentes. A diferencia de las defensas rígidas, comúnmente conocidas como “mataburros” y utilizadas en vehículos más pesados como camionetas, estos dispositivos en motocicletas no están diseñados para proteger el vehículo, sino para minimizar el impacto en el cuerpo humano.

El señor Biter, en su análisis del tema, destacó que esas defensas son esenciales para la seguridad de los motociclistas, quienes, al no contar con una carrocería que los proteja, dependen de estos accesorios para reducir el riesgo de lesiones graves. Igualmente, cuestionó la lógica de algunos agentes de tránsito que, a pesar de utilizar defensas similares en sus propias motocicletas, imponen comparendos a otros conductores por portar estos dispositivos.

“Cómo puede ser posible que existan agentes de tránsito que tengan las mismas defensas en sus motos para protegerlos; pero a ti te exponen al peligro con tal de hacer un comparendo y la inmovilización. O sea, vale más la vida de la gente de tránsito que del conductor”, sumó el Señor Biter.

El señor Biter también abordó el concepto de “impulso de oficio”, un principio legal que permite a los organismos judiciales iniciar procesos con base en información pública, como los videos que él mismo pública. Eso significa que los conductores afectados por comparendos injustos relacionados con las defensas en motocicletas pueden solicitar la devolución de los costos asociados, como multas, grúas e inmovilizaciones, sin necesidad de presentar una denuncia formal.

El Ministerio de Transporte, en su comunicado, reiteró que los agentes de tránsito deben actuar de manera lógica y proporcional al aplicar la normativa. En el caso de las defensas rígidas, la infracción H01 establece que los vehículos serán inmovilizados preventivamente hasta que se retiren las defensas no autorizadas.

Es decir, que si, aun así, con la información anteriormente resaltada, el agente de tránsito decide continuar con el procedimiento de imposición de la infracción, el conductor podrá subsanar la falta en el sitio retirando el accesorio y evitar la inmovilización del automotor. Además, podrá hacer uso de su dispositivo móvil para grabar el procedimiento y así tener las suficientes pruebas para demostrar “abuso de autoridad”.

Tenga presente que, el Ministerio de Justicia aclara que cuando un servidor público, en este caso un agente de tránsito, prevalece su propia voluntad (actos caprichosos) sobre la ley y con el fin de conseguir intereses personales y no el interés público, valiéndose de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometiendo actos arbitrarios e injustos; será considerado como “abuso de autoridad”.