Day Vásquez denuncia acoso de un vehículo estacionado frente a su casa: “No he podido identificarlos”

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y testigo clave en el proceso judicial en su contra, ha denunciado que está siendo víctima de acoso.

A través de su cuenta en X, aseguró que personas desconocidas han estado rondando su vivienda y la de sus familiares en horarios inusuales.

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“Hace días estoy siendo acosada por personas que llegan en la madrugada, y a cualquier hora del día, a mi lugar de residencia y a la residencia de mis familiares. No he podido identificar la placa del vehículo”, escribió Vásquez en su publicación.

El juicio contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, ha captado la atención pública por las graves acusaciones en su contra.

Se le imputa lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los que se ha declarado inocente. La audiencia preparatoria está programada para el 12 y 13 de febrero.

Vásquez ha denunciado anteriormente sentirse perseguida en el contexto del caso. Sus declaraciones han sido fundamentales en la investigación sobre los presuntos manejos irregulares de dinero durante la campaña electoral de Gustavo Petro.

Además de las denuncias en su contra, Vásquez no podrá salir de Colombia mientras avance el proceso judicial por presunta violación de datos personales.

Así lo determinó el Juzgado 2 de Conocimiento de Barranquilla, que en audiencia de este martes confirmó en segunda instancia la medida restrictiva.

La solicitud para levantar la restricción fue presentada por su abogado, Alait Freja, que argumentó que su defendido ha mantenido un comportamiento ejemplar desde su captura el 31 de julio de 2023.

Sin embargo, la juez a cargo concluyó que no hay razones suficientes para modificar la medida, ya que Vásquez no ha cumplido con las condiciones estipuladas en el principio de oportunidad que negoció con el fiscal Mario Burgos. Este acuerdo incluye su colaboración como testigo en el juicio contra Nicolás Petro.

“La administración de justicia no puede acceder a la petición de la defensa, ya que no se ha cumplido la condición establecida por la norma para conceder efectos al principio de oportunidad”, explicó la juez.

En medio de este proceso, las medidas de protección otorgadas a Vásquez han cambiado en varias ocasiones. Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la República le asignaron un esquema de seguridad, pero en 2024 ambas entidades retiraron la protección.

Primero, la Fiscalía la limitó solo a traslados programados, lo que Vásquez consideró insuficiente para garantizar su seguridad. Luego, la Presidencia asumió su esquema de protección, que también lo retiró en julio de 2024, argumentando que no cumplía con los requisitos del decreto 1066 de 2015.

Desde entonces, ha recurrido a seguridad privada. En redes sociales confirmó que actualmente se protege por cuenta propia, lo que genera inquietud debido a su rol en el proceso contra Nicolás Petro y la alta exposición mediática del caso.

Por su parte, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, solicitó que se le permita desplazarse libremente por el país, alegando que las restricciones actuales le impiden trabajar.

Según Semana, esta petición se presentó durante una audiencia reciente, donde su defensa negó que su intención sea evadir la justicia o buscar asilo político. Sin embargo, la Fiscalía ha manifestado preocupación por las posibles implicaciones de la solicitud.

El proceso contra Nicolás Petro, que ya completa dos años, lo vincula con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las investigaciones señalan que habría recibido dinero destinado a la campaña presidencial de su padre, pero lo habría usado para su beneficio personal.

El caso, marcado por confesiones, retractaciones y acusaciones de persecución política, sigue generando controversia y nuevas líneas de investigación.

Según Semana, Petro ha argumentado que las restricciones que le impiden salir de Barranquilla lo ponen en una situación de vulnerabilidad.

Su abogado, Alejandro Carranza, explicó que su cliente enfrenta amenazas constantes y agresiones debido a las filtraciones del caso, lo que dificulta su vida en la ciudad. Asegura que la solicitud busca únicamente permitirle trabajar y movilizarse dentro del país sin incumplir las medidas impuestas por el juez.