Incendio en la cárcel de Tuluá dejó cuatro reclusos heridos: todo habría comenzado por el aumento de pena de un interno

Un incendio que se registró cuando finalizaba la tarde del jueves 6 de febrero de 2025 en la cárcel de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, ha generado preocupación entre los familiares de los internos y las autoridades locales, luego de los cuatro lesionados que dejó la emergencia.

El fuego se habría iniciado por cuenta de un recluso que prendió una colchoneta. En tanto que los cuatro presos heridos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

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De acuerdo con las primeras versiones, el incendio se habría originado tras una riña dentro del penal. Esto habría sido el origen de la acción por parte del recluso que dio inició el fuego.

Según lo que explicó El País, esta reacción se dio luego de que el reo fue notificado de que su condena había sido extendida. Este hecho desató tensiones en el lugar, culminando en el incendio que se propagó en cuestión de minutos.

Las llamas afectaron a cuatro internos, quienes fueron llevados a la clínica San Francisco para ser atendidos por personal médico. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el estado de salud de los heridos.

El personero de Tuluá, Óscar Alejandro García, confirmó que el incendio del jueves fue provocado por los mismos internos.

“Según el reporte del centro penitenciario, la conflagración fue provocada por los mismos internos, y en medio de ella resultaron cuatro reclusos heridos. Ellos actualmente se encuentran en la clínica San Francisco, atendidos por los médicos”, declaró García al mismo periódico caleño.

El nuevo incendio ha reavivado los temores de los familiares de los internos, que aún recuerdan la tragedia ocurrida en 2022 en el mismo centro penitenciario. En aquel entonces, un evento similar dejó un saldo de 56 muertos, luego de que un interno también incendiara una colchoneta durante una riña.

Las llamas se propagaron en medio del intento de motín, causando una de las peores tragedias en la historia reciente del sistema penitenciario colombiano.

Este nuevo episodio ha puesto de nuevo en el centro del debate las condiciones de seguridad y control dentro de la cárcel de Tuluá. Este centro penitenciario ya había sido objeto de críticas tras el incendio de 2022, que evidenció fallas en la gestión de emergencias y en la prevención de conflictos internos. Esto aumenta la preocupación de los familiares de los internos, que han expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas para evitar que se repitan este tipo de tragedias.

Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas del incendio ni sobre las medidas que se tomarán para evitar futuros incidentes, que no solo atañen al penal en Valle del Cauca, sino que se suma una serie de problemas que enfrenta el sistema penitenciario colombiano. Entre ellas se destacan el hacinamiento, la falta de recursos y la insuficiencia de personal capacitado para manejar situaciones de crisis.

Un incendio ocurrido el 28 de junio de 2022 en la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, dejó un saldo trágico de 56 personas fallecidas. Según informó la Procuraduría General de la Nación, este hecho fue desencadenado por una riña entre internos en el patio ocho del centro penitenciario, relacionada con disputas por el control del microtráfico.

Como consecuencia, el ente disciplinario sancionó a varios funcionarios del establecimiento, incluyendo al entonces director encargado, Arely Julián Fernández Torres, y a otros miembros del personal de vigilancia. Este anunció se conoció el 31 de diciembre de 2024.

La Procuraduría determinó que Fernández Torres será suspendido de su cargo por un periodo de once meses (hasta finales de 2025). Según consignó el organismo, el exdirector no implementó medidas eficaces para garantizar la disciplina y la seguridad dentro del penal, lo que contribuyó a la tragedia.

Además, se impusieron sanciones de nueve meses de suspensión a Javier de Jesús Orozco Gómez, quien se desempeñaba como comandante de vigilancia, y a los dragoneantes Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el incendio que tuvo su origen en una pelea entre reclusos escaló en poco tiempo, resultando en un incendio que se propagó dentro del establecimiento penitenciario. La falta de control y medidas preventivas por parte de las autoridades penitenciarias fue señalada como un factor clave que agravó la situación.

La Procuraduría señaló que, aunque Fernández Torres había gestionado la asignación de más personal de guardianes, no adoptó las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad. Según el ente disciplinario, esta omisión contribuyó a que la situación se saliera de control, con consecuencias fatales para los internos.

El fallo de la Procuraduría en primera instancia establece que los funcionarios sancionados incumplieron con sus deberes de control y vigilancia en el centro penitenciario. Fernández Torres, como director encargado, fue señalado por no garantizar un ambiente disciplinado y seguro dentro de la cárcel, mientras que los otros tres funcionarios sancionados fueron considerados responsables de no actuar de manera adecuada para prevenir el desenlace trágico.