
Se abrió un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en que el exdirector de la entidad Olmedo López, y su segundo al mando, Sneyder Pinilla utilizaron multimillonarios cifras de dinero de las arcas del Estado para presuntamente sobornar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle y aprobar las reformas sociales impulsadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.
El 6 de febrero de 2025 se dio a conocer que uno de los exfuncionarios implicados en el cónclave que salpicó a legisladores, ministros y otras figuras cercanas al gobernante de los colombianos estaría negociando con la Fiscalía General de la Nación para obtener una reducción considerable de su pena.
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Se trata de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del Gobierno Petro, que fue acusada por Sneyder Pinilla de entregar las sumas de dinero a los expresidentes de Cámara y Senado.
La defensa de la ex alta funcionaria está negociando con la Fiscalía General de la Nación para obtener un principio de oportunidad o un preacuerdo por colaborar con la justicia. En caso de confirmarse el trato entre ambas partes, Ortiz tendría que declararse culpable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Asimismo, la versión preliminar del acuerdo detalló que Ortiz exigiría tener inmunidad total para declarar y aportar a la resolución de uno de los escándalos mediáticos más grandes del Gobierno Petro.

La implicada espera obtener acuerdos similares a los de Olmedo López y Sneyder Pinilla, que por reconocer su responsabilidad en la polémica compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira, con un monto cercano a los $63.000 millones, vieron reducida su condena de manera considerable.
Por colaborar con la justicia, tendrán que pagar una condena de cerca de seis años y medio en cárcel, además de realizar un acto de excusas públicas por los daños causados por malversar fondos estatales y enriquecerse de manera ilícita.
Mientras se resuelve las negociaciones que lidera el equipo de juristas de la exconsejera para las regiones, cabe recordar que luego de ser enviada a la cárcel el 18 de diciembre de 2024 hizo público su deseo de revelar todo lo que hay detrás del entramado de corrupción de la Ungrd. Sin embargo, no lo hace porque teme por su vida y la de sus familiares.

“Hay una verdad que le quiero contar al país, pero no tengo las garantías”, mencionó en entrevista con Noticias Caracol. Además de revelar que las amenazas en su contra fueron de personas con mucho poder en el país.
Incluso, señaló que estas personas no están interesadas en que declare ante la ley los secretos del escándalo que ha involucrado a dos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, al menos nueve congresistas y funcionarios del alto gobierno. Asimismo, sostuvo que la persona que la acompañó durante la mayoría de su etapa en el Gobierno nacional fue asesinada.
“Al principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo. Es una persona que asesinaron”, señaló Ortiz en la entrevista con el medio citado.
A pesar de no revelar el nombre de la víctima, sus declaraciones apuntan a Juan Sebastián Aguilar, más conocido como Pedro Pechuga o Pedro Aguilar, que fue escolta de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas y visitó varias veces la Casa de Nariño en las fechas en las que se fraguaron los pagos a los congresistas. Aguilar fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 en la capital del país.
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