El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció un cambio en su política de ayudas sociales.
Según informó el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, los pagos de subsidios a millones de colombianos fueron suspendidos como parte de una estrategia que busca reducir el asistencialismo y fomentar la autonomía económica de las familias más vulnerables.
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Esta decisión, que responde a problemas de desfinanciamiento fiscal y la necesidad de transformar el modelo actual de transferencias monetarias, será reemplazada por un sistema de créditos e incentivos al trabajo productivo.
“Es el momento de acabar con el asistencialismo que lleva más de 30 años. Primero fue Familias en Acción, pero como es un sistema basado en el Sisbén, muchos beneficiarios tenían miedo de salir de la pobreza para no perder el subsidio. Eso convierte la ayuda en un mecanismo perverso que perpetúa la pobreza”, afirmó Bolívar.
De acuerdo con las declaraciones de Bolívar, el gobierno está trabajando en colaboración con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías para promover la creación masiva de cooperativas en todo el país.
Estas instituciones facilitarán el acceso a créditos y préstamos para emprendedores, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en las comunidades más afectadas por la pobreza.
Además, se otorgarán créditos con períodos de gracia y subsidios a las tasas de interés, lo que permitirá a los beneficiarios acceder a financiamiento en condiciones más favorables.
El funcionario explicó que la decisión de eliminar los subsidios responde a la necesidad de superar un modelo que, según él, perpetúa la pobreza.
Durante más de tres décadas, programas como Familias en Acción han estado basados en el sistema del Sisbén, lo que, en palabras de Bolívar, ha generado un “mecanismo perverso” en el que muchas personas temen salir de la pobreza para no perder el beneficio. “Es el momento de acabar con el asistencialismo que lleva más de 30 años”, afirmó Bolívar.
El nuevo modelo propuesto por el gobierno busca reemplazar las transferencias monetarias por incentivos que promuevan el trabajo productivo. Sin embargo, se mantendrán excepciones para grupos vulnerables como los adultos mayores y los niños, que continuarán recibiendo apoyo estatal.
Según datos proporcionados por Bolívar, en los últimos 12 años se han destinado cerca de 100 billones de pesos en subsidios, recursos que, en su opinión, podrían haberse utilizado para generar empleo y fortalecer la economía.
La decisión de eliminar los subsidios generó críticas y preocupación entre los beneficiarios, que temen las consecuencias de este cambio en sus ingresos. No obstante, Bolívar expresó su confianza en que las familias comprenderán la importancia de esta transición.
Para mitigar el impacto, el gobierno diseñó medidas que incluyen créditos con condiciones favorables y apoyo a proyectos productivos, con el fin de garantizar que las comunidades puedan adaptarse al nuevo modelo.
Además de las iniciativas económicas, el gobierno ha destacado avances en materia de infraestructura como parte de su estrategia para fomentar el desarrollo. Según detalló Bolívar, durante su gestión se han contratado 217 obras y se han reactivado 107 proyectos inconclusos , conocidos como “elefantes blancos”.
De estos, 40 proyectos ya han sido finalizados, lo que representa un paso importante en la recuperación de inversiones públicas que habían quedado estancadas.
El cambio en la política de subsidios representa un desafío significativo para el gobierno de Gustavo Petro , que busca equilibrar las necesidades inmediatas de las familias vulnerables con la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico a largo plazo. Según reportó el medio, la creación de cooperativas y el acceso a créditos son pilares fundamentales de esta estrategia, que pretenden empoderar a las comunidades y reducir su dependencia de las ayudas estatales.
Sin embargo, la implementación de este modelo requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las instituciones financieras y las comunidades beneficiarias. La transición hacia un sistema basado en incentivos productivos plantea interrogantes sobre su efectividad y su capacidad para generar resultados tangibles en la reducción de la pobreza. A pesar de las críticas, el gobierno confía en que esta transformación marcará un punto de inflexión en la política social del país, sentando las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible.
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