Funcionario de Migración Colombia vinculado a tráfico de migrantes en el Tapón del Darién: Procuraduría le formuló cargos

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios por primera vez en Colombia por el delito de tráfico de migrantes, un hecho que podría marcar un precedente en la lucha contra las redes de tráfico humano en el país.

El caso involucra a Didier Orlando Palacios Pinilla, un oficial de Migración Colombia que se desempeñaba en el puesto de control marítimo en el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí, Chocó.

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Según la investigación de la Procuraduría, Palacios Pinilla habría utilizado su posición para facilitar la entrada y salida irregular de migrantes a través del Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina.

El oficial está acusado de utilizar sellos oficiales y falsificar documentos migratorios, lo que permitió a ciudadanos extranjeros ingresar de manera ilegal a Colombia y continuar su trayecto hacia Panamá y, posteriormente, a Estados Unidos.

El caso ha sido calificado provisionalmente como gravísimo y a título de dolo, lo que implica que Palacios habría actuado con plena intención de cometer las irregularidades.

Además de violar las normas migratorias, el tráfico de migrantes es considerado una grave transgresión a los derechos humanos, ya que pone en riesgo la vida y dignidad de las personas, especialmente las más vulnerables.

El Tapón del Darién, una zona selvática que conecta Colombia con Panamá, ha sido identificada como una de las rutas más utilizadas por los migrantes que buscan llegar a Norteamérica.

En 2024, cerca de trescientas mil personas atravesaron esta peligrosa selva, según datos oficiales. Durante el trayecto, los migrantes enfrentan condiciones extremas, como violencia sexual, abusos y otros delitos perpetrados por grupos criminales.

Las redes que operan en la región suelen explotar la desesperación de los migrantes, cobrando grandes sumas de dinero por facilitarles el paso, a menudo exponiéndolos a riesgos letales.

Mientras se desarrolla este caso, la crisis migratoria en Colombia se ha agravado por la interrupción del servicio de expedición del Permiso de Protección Temporal (PPT) en cuatro Supercade de Bogotá.

Este documento es esencial para la regularización de la población migrante y su acceso a servicios básicos. La suspensión se debe a dificultades en la financiación por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), afectando a más de 60.000 personas que estaban en proceso de obtención del documento y a otras 120.000 que esperan avanzar en su regularización.

La Alcaldía de Bogotá explicó que la prestación del servicio dependía de una alianza entre la administración distrital y Migración Colombia, pero la falta de recursos de la OIM ha generado su interrupción.

Ante esta situación, la administración de Carlos Fernando Galán ha anunciado la creación de mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones y reanudar el servicio.

A esta problemática se suma la suspensión de 186 contratos de trabajadores que apoyaban a Migración Colombia en la atención a migrantes venezolanos. La medida fue tomada por la OIM tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspendió los programas de asistencia extranjera por 90 días.

La orden ejecutiva de Trump busca revisar y reestructurar la ayuda internacional bajo el argumento de proteger los intereses de los contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, la decisión ha tenido un impacto significativo en Colombia, donde la atención a los migrantes depende en gran parte de estos recursos. La falta de financiamiento no solo afecta la expedición del PPT, sino también la continuidad de programas de salud, educación y empleo para la población migrante en el país.

Bogotá, que alberga el mayor número de migrantes en Colombia, enfrenta ahora un reto significativo para garantizar la atención e integración de esta población.

Aunque aún no hay plazos concretos para la reactivación de los servicios suspendidos, las mesas de trabajo entre el Distrito y el Gobierno Nacional representan un primer paso para encontrar soluciones a esta crisis migratoria.