
La jueza 13 de Control de Garantías de Barranquilla aplazó en la tarde del miércoles 5 de febrero de 2025 la audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa sobre Nicolás Petro Burgos: hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por un incremento injustificado de su patrimonio en cerca de $1.053 millones de pesos.
La solicitud, radicada por el abogado defensor Alejandro Carranza a mediados de enero de 2025, no pudo ser resuelta, debido a los alegatos de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Lucy Laborde, y la Procuraduría, que se opusieron a una eventual decisión de levantar la restricción contra el primogénito del jefe de Estado. Por tal motivo, la togada postergó hasta el jueves 20 de febrero la diligencia judicial, en la que se decidirá si se le otorga o no el beneficio al sindicado de moverse libremente por el territorio nacional.
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En la diligencia, que empezó hacia las 9:00 a. m., Carranza alegó que su cliente, que ofició como diputado del Atlántico, ha recibido múltiples amenazas contra su vida, que lo obligarían a tomar medidas de seguridad adicionales, entre ellas la posibilidad de desplazarse hacia otras ciudades. Pese a estos argumentos, la jueza encargada de esta petición no tomó la decidió y, tras cuatro horas, optó por suspender la audiencia en mención.
Entre los planes de Petro Burgos estaría trasladar su domicilio a Montería, pues esta ciudad fue en la que creció, al lado de su madre, Katia Burgos, que fue la primera pareja sentimental del hoy jefe de Estado; antes de irse a Barranquilla, en donde adelantó campaña a la Gobernación del Atlántico, en las elecciones de octubre de 2019; las cuales perdió. Debido a esto, por el Estatuto de la Oposición, ocupó una curul en la Asamblea, para el periodo 2020-2023.

La petición de Nicolás Petro que generó controversia
Según expuso el abogado Carranza, lo que busca con esta petición es que la restricción solo sea de desplazamientos al extranjero, con la condición -mientras avanza el juicio en su contra- de presentarse de manera periódica en los estrados, para atender así el llamado de las autoridades judiciales, que investigan las actuaciones del hijo mayor del presidente. Petro Burgos, es válido precisar, recibió dineros provenientes del exnarcotraficante Santander Lopesierra, llamado El Hombre Marlboro, y Gabriel Hilsaca, dijo del controvertido empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
Aunque se ha declarado en diferentes oportunidades inocente, el primogénito del presidente adelanta conversaciones con la Fiscalía con el propósito de llegar a un preacuerdo; es decir, para aceptar los punibles que han sido formulados y entregar información relevante sobre la manera en la que recibió dineros, al parecer, de origen ilícito, a cambio de beneficios ante una eventual pena. Negociaciones que avanzan desde octubre de 2024, sin que se registren novedades significativas.

Vale decir que, la defensa había pedido, en primer lugar, la audiencia revocatoria de la medida de aseguramiento en el Complejo de Servicios Judiciales de Soledad (Atlántico); pese a ello, retiró dicha petición, que hoy cursa en el despacho de una jueza de garantías.
En el proceso que cursa ante el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, el apoderado de Petro Burgos presentó la lista de los que considera testigos clave para su labor de defensa, y que serían llamados a declarar. Algunos de ellos son Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; además de Máximo Noriega, Germán Burgos y Santander Lopesierra, y del mismo modo su actual pareja y madre de su hijo, Laura Ojeda.
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