El Clan del Golfo atacó empresa minera en Antioquia y ahora el estado colombiano enfrenta millonaria demanda por violar el TLC con Canadá

Un ataque efectuado el 17 de enero de 2025 en la mina Higabra, ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia, dejó como saldo la destrucción de una subestación eléctrica clave para el funcionamiento de las operaciones mineras y a una guarda de seguridad herida.

Este incidente, atribuido a mineros irregulares y posiblemente vinculado a grupos armados como el Clan del Golfo, es solo uno de los múltiples episodios de inseguridad que han afectado a una de las minas de oro más grandes del mundo.

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Ante estos hechos, la multinacional minera Zijin - Continental Gold presentó una demanda multimillonaria contra el Estado colombiano, alegando incumplimientos en la protección de sus actividades extractivas.

La demanda fue formalizada el pasado 12 de julio de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

La compañía minera sostiene que el Estado colombiano ha violado el Tratado de Libre Comercio con Canadá, al no garantizar un nivel mínimo de trato, protección plena y un entorno justo y equitativo para el desarrollo de sus operaciones.

Este conflicto legal se centra en la mina de Buriticá, que alberga reservas estimadas en 3,7 millones de onzas de oro, convirtiéndola en una de las más importantes a nivel global.

Ante la demanda presentada por Zijin - Continental Gold, el Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha comenzado a preparar su defensa.

Según informó la Presidencia de la República, se está llevando a cabo un proceso de selección para contratar a una firma internacional que cuente con experiencia comprobada en arbitrajes internacionales y una tasa de éxito mínima del 75% en la representación de estados latinoamericanos en los últimos 15 años.

La estrategia jurídica será liderada por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, que se encargará de estructurar la defensa con base en su experiencia previa en casos similares. Una vez seleccionada la firma asesora, el Estado colombiano procederá a responder formalmente a los alegatos presentados por la multinacional.

Mientras el Gobierno avanza en la selección de la firma internacional que lo representará, el caso continúa su curso en el Ciadi. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad del Estado colombiano para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones en el desarrollo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y que las condiciones de inseguridad en la mina de Buriticá no son resultado de negligencia estatal.

Este caso, que combina elementos de seguridad, economía y relaciones internacionales, será clave para definir el futuro de la minería en Colombia y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

Según detalló la multinacional, varios sectores subterráneos de la mina fueron ocupados ilegalmente por terceros. Entre las áreas afectadas se encuentran la totalidad del túnel de Yaraguá, el 40% del túnel Rampa Sur y el 30% del túnel Higabra. Estas ocupaciones no solo han sido protagonizadas por mineros informales, sino que también se señaló la posible participación de grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, que buscan controlar estas zonas estratégicas.

La situación de inseguridad en la mina escaló en los últimos meses. En uno de los hechos más recientes, un grupo de personas ingresó a la mina Higabra y destruyó una subestación eléctrica esencial para garantizar el bombeo de agua y el suministro de aire limpio en el interior de las instalaciones. Este ataque, que incluyó detonaciones, dejó a un guarda de seguridad herido y evidencia la fragilidad de las condiciones de seguridad en la región.

Por ese motivo la multinacional minera indicó que la demanda interpuesta contra el Estado podría tener implicaciones significativas para Colombia, tanto en términos legales como económicos. De ser encontrado responsable, el Estado podría enfrentar una compensación multimillonaria, lo que representaría un golpe a las finanzas públicas.

Además, este caso podría sentar un precedente en la relación entre el Gobierno y las empresas extranjeras que operan en el país, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Por su parte, el conflicto también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y protección en las regiones donde operan proyectos de gran envergadura. La falta de garantías para las empresas podría desincentivar la inversión extranjera, afectando el desarrollo económico y social de estas zonas.