Álvaro García Romero, exsenador conocido como ‘El Gordo García’, permanecerá en prisión tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. García Romero, condenado a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de Macayepo en octubre del 2000, buscaba obtener su libertad alegando vencimiento de términos. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia consideró que el proceso en su contra por desplazamiento forzado, derivado de esa masacre, se encuentra dentro de los plazos legales establecidos.
La defensa del excongresista argumentó que su cliente llevó más de seis meses en detención sin que se realizara la audiencia de juzgamiento, lo que, según su criterio, justificaba su excarcelación. Además, el abogado de García Romero señaló que la avanzada edad de su defendido debería ser tenida en cuenta para concederle la libertad.
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No obstante, la Corte Suprema desestimó estos argumentos, indicando que la medida de aseguramiento se mantiene, porque el proceso ha transcurrido dentro de los tiempos permitidos por la ley y que las demoras han sido provocadas por dilaciones de la defensa. Asimismo, subrayó que la edad del exsenador no es un factor determinante en este caso, ya que se le acusa de un delito considerado de lesa humanidad.
En julio del año pasado, el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional por haber cumplido tres quintas partes de su condena y redimido una parte de la misma. Sin embargo, días después, cuando ya tenía todo listo para abandonar la cárcel, la Corte Suprema revocó esta decisión.
El tribunal recordó que García Romero todavía enfrenta un proceso judicial por desplazamiento forzado. Según las acusaciones, después de la masacre perpetrada por el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alrededor de 4.000 personas huyeron de la región, entre ellas los familiares de las víctimas.
La masacre de Macayepo
La incursión paramilitar en Macayepo, que se llevó a cabo entre el 9 y el 16 de octubre de 2000, fue un episodio de extrema violencia. Durante aquellos días, un grupo de aproximadamente 80 paramilitares recorrió varios corregimientos del municipio de El Carmen de Bolívar, incluyendo La Palma, El Limón, El Floral y Cañas Frías. En el transcurso de su avance, asesinaron al menos a 12 personas con garrotes y piedras.
El responsable directo de liderar esta operación fue Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, quien era oriundo del corregimiento de Macayepo. Investigaciones posteriores determinaron que la masacre fue posible gracias a la coordinación previa entre los paramilitares y la Fuerza Pública, facilitada por el entonces senador Álvaro García Romero. Según la Corte Suprema, García Romero intervino para que las tropas que patrullaban la zona fueran trasladadas a otras localidades, permitiendo la incursión de los paramilitares.
De acuerdo con la investigación judicial, su intervención respondió a intereses de Miguel Nule Amín, exgobernador de Sucre, y del ganadero Joaquín García, quienes buscaban recuperar un ganado que presuntamente les había sido robado. En 2010, la Corte Suprema condenó a García Romero a 40 años de prisión por su papel en la masacre. Ahora, la medida de aseguramiento en su contra se ratifica por el delito de desplazamiento forzado, manteniéndolo tras las rejas.
Tras una decisión de la Corte en 2024, que anuló la libertad condicional otorgada por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, hubo comentarios del presidente Gustavo Petro, durante un discurso en la plaza de Bolívar. En su intervención, el jefe de Estado afirmó que el fallo de la Corte Suprema ha rechazado la libertad de un “asesino”..El presidente subrayó que García Romero había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder: “Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”, dijo Petro.
Destacó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje claro contra la impunidad y la violencia política en el país. Según Petro, la Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. “Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, puntualizó.
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