La reciente decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la asistencia extranjera por un período de 90 días generó un impacto significativo en Colombia. La medida llevó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a suspender los contratos de 186 trabajadores que colaboraban con Migración Colombia en la atención a la población migrante venezolana. Esta decisión afecta directamente a un programa clave que brindaba apoyo a una de las comunidades más vulnerables del país.
El programa, conocido como Visibles, quedó paralizado desde el 20 de enero, fecha en la que entró en vigor la orden ejecutiva firmada por Trump. Este programa, financiado en parte por recursos provenientes de Estados Unidos y administrados por la OIM, tenía como objetivo atender a los más de 2.800.000 migrantes venezolanos que, según cifras oficiales, se encontraban en Colombia a finales del 2024. La suspensión de los contratos afecta a trabajadores distribuidos en diferentes puntos del país, incluyendo a más de 56 empleados en Bogotá, quienes desempeñaban labores esenciales para la atención de esta población.
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El impacto de esta decisión no se limitó a la suspensión de contratos, también provocó el cierre de oficinas del programa en los SuperCADE de Bogotá, lo que generó una controversia entre la administración distrital y el Gobierno Nacional. La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, denunció que estas oficinas cerraron sin previo aviso, dejando sin atención a miles de migrantes. De acuerdo con la administración distrital, la falta de financiación fue la causa principal de este cierre, lo que dejó en el aire los contratos de los trabajadores vinculados al programa.
Esta situación se suma a una serie de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, exacerbadas por la negativa del presidente Gustavo Petro de aceptar deportados colombianos esposados, así como por las intenciones de Trump de imponer aranceles a países como México, Canadá y Brasil. Aunque estas tensiones han acaparado la atención mediática, la suspensión de la ayuda internacional ha tenido un impacto menos visible pero igualmente crítico en las organizaciones sociales y entidades estatales que dependen de estos recursos.
El papel de la ayuda estadounidense en Colombia
La decisión de Trump de suspender la asistencia extranjera afecta a un amplio espectro de programas en Colombia que dependen de la financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otros organismos. Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), para 2024, Estados Unidos había destinado más de 333.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia, lo que representaba más del 70% de los recursos internacionales destinados al país.
Estos fondos se utilizaban para atender a los migrantes venezolanos, y para financiar programas en sectores como salud, seguridad alimentaria, educación, protección contra minas antipersona, sustitución de cultivos ilícitos, protección de la Amazonía y apoyo a víctimas de la violencia. La suspensión de esta ayuda pone en riesgo la continuidad de estos programas, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La suspensión de la ayuda internacional también ha afectado a decenas de organizaciones sociales y humanitarias que trabajan en Colombia. Según Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group, la congelación de estos recursos ya ha tenido un efecto devastador en la capacidad de respuesta de estas organizaciones frente a las múltiples crisis que enfrenta el país. Dickinson señaló que muchas ONG han tenido que retirar a su personal de zonas críticas como el Catatumbo, lo que agrava aún más la situación en regiones afectadas por el conflicto armado y la violencia.
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