El 30 de enero de 2025, el Gobierno nacional hizo público los tres primeros decretos de conmoción interior para contrarrestar la crisis de orden público en Norte de Santander, que dejó a más de 50.000 personas desplazadas.
Entre las disposiciones del Estado destacan medidas para garantizar la producción de alimentos en la región del Catatumbo, la Refinanciación en sistema nacional de crédito agropecuario que solo aplicará para las obligaciones contraídas antes de la fecha de declaratoria del estado de excepción y los pagos con vencimientos a partir de esa fecha.
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Sin embargo, uno de los decretos que está asociado a la expropiación causó polémica. El texto compartido por el Gobierno liderado por el presidente Petro, faculta al Estado adquirir predios abandonados para facilitar la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado.
“Autorizar la expropiación por vía administrativa en los términos del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 para concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes”, detalló el Gobierno en el decreto 018 de 2025.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas llevará un registro de los predios rurales abandonados por la violencia individual o masiva, o que se encuentren en confinamiento, o en favor de aquella población en riesgo inminente de desplazamiento forzado.
En cuanto al proceso, el Gobierno explicó que la entidad encargada establecerá comunicación con los propietarios de las tierras para informar las intenciones del Estado de adquirir dichos territorios, por lo que está en manos de los dueños decidir que se transfiera su propiedad a las arcas del país.
“La Unidad registrará, individual o colectivamente, a los propietarios, poseedores y ocupantes y la relación Jurídica con el predio e informará a las autoridades competentes para que impidan cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, así como la inscripción de la medida preventiva y publicitaria frente a los poseedores y ocupantes”, puntualizó el documento.
En este contexto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió el Plan de Seguridad Campesina del Catatumbo, que explica lo que será la hoja de ruta para atender la situación de orden público en la región.
Con el programa ‘Fincas para la Paz’ se pretende aumentar las capacidades de la población campesina y sus organizaciones para hacer frente a la violencia. De igual manera, la institución cuenta con más de 5.500 hectáreas de tierras para entregar a las víctimas de la región, por lo que consideran que tales acciones restan credibilidad a la idea de expropiar tierras.
“Vale la pena hacer énfasis en desmentir que esto no es expropiación exprés para todo el país, que está condicionado a la región del Catatumbo, que hace parte del programa de Fincas para la Paz y que además esto va a comenzar con ofertas voluntarias”, destacó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
El funcionario también se refirió a la posibilidad de que la Corte Constitucional derogue la conmoción interior cuando tenga que revisar los decretos planteados. Sin embargo, dijo que no hay temor ante esa posibilidad, puesto que considera que las medidas implementadas responden a la crisis humanitaria que se vive en el país en este momento, no se veía desde los años 90, por lo que es un drama humanitario.
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