Álvaro Uribe llegó a un acuerdo con el Gobierno Petro: el expresidente vendería 200 hectáreas del Ubérrimo “a un precio muy inferior al avalúo catastral”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están a punto de concretar la venta de doscientas hectáreas de El Ubérrimo, la hacienda de la familia Uribe Vélez, ubicada entre Montería y el municipio de San Carlos, en el departamento de Córdoba.

Este acuerdo permitirá que las tierras sean destinadas a proyectos productivos para treinta familias campesinas de la región, en el marco de la reforma rural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, según una primicia de El Tiempo.

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El proceso de negociación, que ha sido liderado directamente por el expresidente Uribe y el director de la ANT, Felipe Harman, representa un hito en el polarizado panorama político del país. La venta de estas tierras, que forman parte de una finca de más de 700 hectáreas, se inscribe dentro de los esfuerzos del gobierno para cumplir con el Punto Primero del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que busca garantizar el acceso a la tierra para comunidades campesinas, negras e indígenas.

De acuerdo con El Tiempo, la negociación comenzó con una oferta presentada por la familia Uribe Vélez, a través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., cuyo representante legal es Tomás Uribe, hijo del expresidente.

En agosto pasado, la ANT respondió con una propuesta final basada en un avalúo rural comercial realizado por la firma DCI Colombia S.A.S., que estableció un valor de 3.031 millones de pesos colombianos.

El pago se realizará en dos partes: el 50 % al momento de la firma de la escritura pública y la inscripción del trámite, y el restante cuando se expida una copia auténtica de la escritura. Según declaraciones previas del expresidente Uribe, las tierras ofrecidas cuentan con condiciones de alta productividad sostenible, aptas tanto para la ganadería empresarial como para la campesina.

Uribe también destacó que el precio acordado es significativamente inferior al avalúo catastral de la región, y solicitó a la ANT reconsiderar los valores de los avalúos en la zona para garantizar la sostenibilidad de las actividades ganaderas.

La venta de estas tierras ocurre gracias al programa de compra de tierras acordado entre el presidente Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) al inicio del actual gobierno. Este programa busca adquirir tierras para redistribuirlas entre comunidades rurales, como parte de los compromisos adquiridos en el proceso de paz con las extintas Farc.

Sin embargo, el avance de este programa ha sido limitado. Según datos de la Contraloría General de la República, hasta noviembre del año pasado solo se habían adquirido 800 hectáreas, muy lejos de la meta inicial de 3 millones de hectáreas. En total, el gobierno ha adquirido 448.000 hectáreas para la reforma rural, de las cuales 186.000 corresponden al año 2024.

El Ubérrimo no es solo una finca; es un símbolo del poder político y económico en Colombia. Durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010), la hacienda fue escenario de reuniones clave sobre seguridad y encuentros con figuras internacionales, como el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Además, la finca ha sido objeto de controversias y críticas. El senador Iván Cepeda, uno de los principales opositores de Uribe, escribió un libro sobre El Ubérrimo, y el propio presidente Petro ha mencionado la hacienda en varias ocasiones como parte de sus críticas al expresidente.

El acuerdo para destinar parte de estas tierras a la reforma rural no solo tiene un impacto práctico, sino también un peso simbólico en la política colombiana. Representa un gesto de cooperación entre dos figuras que han estado en lados opuestos del espectro político, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en términos de reconciliación y desarrollo rural.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la implementación de la reforma rural enfrenta múltiples retos. Según El Tiempo, además de la compra de tierras, el gobierno ha formalizado 1.2 millones de hectáreas, un paso importante para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades beneficiadas.

Sin embargo, la meta de redistribuir tierras a gran escala sigue siendo un desafío. La compra de tierras emblemáticas como las de El Ubérrimo podría ser un catalizador para avanzar en este proceso, pero también pone de manifiesto las tensiones y complejidades inherentes a la reforma agraria en Colombia.

El acuerdo entre Uribe y el gobierno de Petro, aunque limitado en términos de extensión territorial, podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros grandes propietarios de tierras. En un país donde el acceso a la tierra ha sido históricamente una de las principales causas de conflicto, este tipo de acuerdos son fundamentales para construir una paz duradera y promover el desarrollo rural.