Congelamiento de recursos para el metro de Bogotá fue cuestionado por el Concejo: exigen explicación del Ministerio de Transporte

El aplazamiento de recursos por parte del Gobierno nacional para proyectos clave en Bogotá y otras regiones del país desató una controversia que involucra a la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Según lo informado por el concejal Juan Baena, del partido Nuevo Liberalismo, el Decreto 069 de 2025, expedido por la Presidencia de la República, establece la suspensión de transferencias por un total de $1,5 billones, afectando directamente el avance de la Primera Línea del metro de Bogotá, entre otras obras de infraestructura.

Por esta razón, se solicitaron explicaciones a la ministra Rojas sobre el congelamiento de estos recursos. Por medio de un derecho de petición, Baena cuestionó las declaraciones de la ministra, que afirmó que la Alcaldía de Bogotá estaba al tanto de la decisión: “Ministra Rojas, demuéstrele a Bogotá y al país que el alcalde sabía de la expedición del Decreto mediante el cual se decidió bloquear a Bogotá”, expresó el concejal, que también pidió copia de las actas y comunicaciones relacionadas con esta decisión.

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El alcalde Galán, por su parte, negó haber sido informado previamente sobre la expedición del decreto. A través de su cuenta en X, aclaró que, aunque la alcaldía participó en reuniones con el Gobierno nacional para buscar soluciones presupuestarias, nunca se llegó a un acuerdo sobre el aplazamiento de los recursos: “La expedición de ese decreto no nos fue informada y nos enteramos de su contenido por medios de comunicación”, aseguró el mandatario de la capital del país.

Así también advirtió que, aunque el progreso de Bogotá no se detendrá, la ciudad enfrentará mayores dificultades para financiar los megaproyectos afectados y la búsqueda de recursos adicionales se convertirá en un reto para la economía de la ciudad.

El decreto no solo impacta el desarrollo de la Primera Línea del metro de Bogotá, que enfrenta un aplazamiento de $770.309 millones, sino también otros proyectos estratégicos de la capital. Entre ellos, la Troncal de TransMilenio de la Calle 13, con un recorte de $328.532 millones, y el Regiotram de Occidente, que verá aplazados $345.735 millones.

A nivel nacional, las afectaciones incluyen obras como la restauración del Canal del Dique, con $710.970 millones aplazados, y el metro de la 80 en Medellín, que enfrenta un recorte de $497.000 millones. También se ven impactadas las vías alternas al Túnel del Toyo, el acueducto de Cali y la vía Mulaló–Loboguerrero, entre otros proyectos.

Del mismo modo, se indicó que el aplazamiento de recursos no se limita a proyectos de infraestructura, pues también se verán los efectos en sectores como salud, agricultura y vivienda. Entre los ministerios más afectados se encuentran el Ministerio de Igualdad y Equidad, con $669.000 millones aplazados, y el Ministerio de Vivienda, que enfrenta un recorte de $313.000 millones.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura también sufrieron ajustes presupuestarios, con $211.000 millones y $108.000 millones aplazados, respectivamente. Incluso el Consejo Nacional Electoral (CNE) vio afectado su presupuesto, con un recorte de $600.000 millones.

El concejal Baena criticó lo que considera una estrategia deliberada del presidente Gustavo Petro para frenar el avance de obras clave en la capital. Y en su derecho de petición, solicitó a la ministra Rojas que remita copia de todas las comunicaciones enviadas por el Ministerio de Transporte a la Alcaldía en relación con el aplazamiento de los recursos.

“Le deseo muchos éxitos en el ministerio, pero también espero de todo corazón que no se deje contagiar tan rápido de las malas costumbres del ‘Gobierno del Cambio’ y el Petrismo, como las mentiras, cizañas e imprecisiones”, señaló el cabildante.

El aplazamiento de recursos representa un golpe significativo para el desarrollo de la Primera Línea del metro de Bogotá, considerada una de las obras más importantes para mejorar la movilidad en la capital, y que ahora enfrenta ahora un futuro incierto. Mientras tanto, la alcaldía y el Gobierno nacional continúan en desacuerdo sobre la comunicación y los términos de esta decisión.