Pareja de bailarines fueron extorsionados por supuestos disidentes de las Farc: iban a una presentación de salsa en La Calera, Cundinamarca

En el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca, una pareja de bailarines denunció que fueron víctimas de extorsión por un grupo delincuencial que se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las Farc para cometer el delito.

Según declaraciones dadas por las víctimas al medio Citytv, los hechos ocurrieron en el sector conocido como Jerusalén, zona rural del municipio cundinamarqués, en la que mencionaron que habían sido contactados por un supuesto empresario para realizar una presentación artística.

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“Nosotros fuimos contactados el pasado miércoles (22 de enero de 2025) para presentar un show de salsa en una hacienda, cerca al pueblo de La Calera (...) al llegar allá recibimos llamadas del supuesto contratante, pues indicándonos que se iba a acercar a nosotros para indicarnos donde íbamos a ingresar”, explicó Paula Roa, una de las víctimas del delito al citado medio de comunicación.

Sin embargo, señalaron que recibieron una llamada de un número similar a la del contratante, desde el que les afirmaron ser miembros de este grupo armado ilegal.

“Nos empezaron a ubicar que eran de las disidencias de las Farc. Y entonces, pues empezamos a tener mucho miedo, la verdad, porque nos decían que era para confirmar que no hiciéramos parte de entes políticos, que no fuésemos a hacer inteligencia y que no podían dejarnos pasar sin confirmar esta información”, mencionó la víctima.

En la comunicación con los supuestos integrantes de las disidencias, les habrían exigido una suma de 1.400.000 pesos para evitar cualquier daño contra sus vidas.

Entre tanto, las autoridades se encuentran desarrollando la investigación del caso, e invitó a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho que afecte su integridad y bienestar.

Por otra parte, miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional capturaron a un sujeto implicado en el delito de extorsión.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos ocurrieron en el municipio de Magangué (Bolívar), donde el capturado fue identificado como alias El Deivy que, al momento de su detención, recibía dos millones de pesos por parte de una joven víctima del delito mencionado.

Lo curioso del caso es que la persona que le estaba entregando el dinero en efectivo era su hermana, con el fin de cesar las amenazas que venía recibiendo su familia, producto de disputas al interior de su clan familiar.

Durante su detención, las autoridades verificaron que alias El Deivy tenía anotaciones por delitos de grueso calibre, tales como el uso de menores para la comisión de homicidios; tráfico de estupefacientes; fuga de presos; y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Según información revelada por medios locales, este tipo de situaciones no son inusuales en comunidades pequeñas, donde los conflictos familiares o vecinales pueden escalar rápidamente. En este caso, la intervención de las autoridades permitió no solo detener al responsable de las amenazas, sino también exponer una dinámica de violencia interna que, de no haber sido descubierta, podría haber tenido consecuencias más graves.

Tras ello, el hoy detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y tras adelantar la audiencia de judicialización, un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de extorsión.

Por su parte, las autoridades han reiterado su compromiso de combatir la delincuencia en todas sus formas, incluyendo los casos de extorsión que afectan a las comunidades más vulnerables. La Fiscalía General de la Nación continuará con las investigaciones para determinar si alias El Deivy está vinculado a otros delitos en la región, mientras que el detenido permanecerá en prisión preventiva hasta que se resuelva su situación judicial.

Este caso pone de manifiesto la importancia de las acciones de las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia en las comunidades, así como la necesidad de abordar los conflictos internos que, en ocasiones, pueden derivar en situaciones de violencia y criminalidad.