La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La acción judicial, liderada por el concejal de Bogotá, Marco Acosta, y el abogado y activista David Gerardo Cote, busca dejar sin efectos jurídicos la iniciativa, alegando que durante su proceso legislativo se vulneró el principio de consecutividad establecido en la Constitución.
Este asunto tiene un alto impacto en la reforma pensional, ya que si el alto tribunal encuentra que efectivamente hubo irregularidades en el trámite legislativo, podría tumbar la totalidad de la iniciativa del Gobierno.
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Presuntas irregularidades en el trámite legislativo
Los demandantes argumentan que la reforma pensional fue aprobada en la Cámara de Representantes sin un debate adecuado, violando así el principio de consecutividad del artículo 157 de la Constitución Política. Según Acosta y Cote, la plenaria de la Cámara no discutió el contenido del articulado ni las proposiciones presentadas durante el trámite, aprobando directamente el texto previamente avalado por el Senado; lo que aseguran, constituye una elusión del debate legislativo, lo que pone en entredicho la constitucionalidad de la norma.
“Esta acción busca garantizar que el trámite legislativo respete los principios democráticos y constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. No podemos permitir que normas de esta magnitud se aprueben sin el debido debate en el Congreso”, afirmaron los demandantes tras conocerse la admisión de la demanda.
La Corte Constitucional ha asignado la demanda al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que será el encargado de evaluar si existen méritos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la reforma pensional. El togado deberá decidir si, tal como señalan los demandantes, la falta de un debate adecuado en la Cámara vulneró los derechos constitucionales de los legisladores y de la ciudadanía, afectando la validez del proceso legislativo.
Otras demandas en curso
Este nuevo proceso no es el único que cuestiona la reforma pensional. La Corte Constitucional ya tiene en su poder varias demandas que impugnan diferentes aspectos del proyecto, tanto por vicios de procedimiento como de fondo en su articulado. Sin embargo, la primera demanda que la Corte decidirá es de procedimiento: si la decisión de la mayoría de los representantes a la Cámara de avalar “a pupitrazo” el texto aprobado en el Senado constituye una violación a la Constitución.
En varios de los despachos judiciales, incluidos al menos cuatro de los nueve de la Corte Constitucional, existen solicitudes que buscan tumbar la totalidad de la reforma pensional por haber evadido el debate democrático exigido en el artículo 157 de la Constitución. Este artículo establece los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley para ser aprobado, entre ellos la obligación de dar a conocer y debatir a fondo el contenido de los proyectos antes de su votación.
Uno de los primeros casos en llegar a la Corte fue la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, que hizo un detallado recuento de lo sucedido durante la plenaria del 14 de junio de 2024. En su demanda, Valencia sostiene que la Cámara de Representantes eludió el debate de la reforma pensional al acoger el texto aprobado por el Senado sin que se hubiera deliberado ni explicado las diferencias con la ponencia de segundo debate.
La senadora señala que miembros de la oposición presentaron tres proposiciones para que la votación del articulado se hiciera de forma nominal e individual, artículo por artículo. Sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los congresistas, quienes votaron en contra de que los artículos fueran votados uno por uno. Solo 39 congresistas apoyaron esta solicitud, mientras que 90 se opusieron.
Luego, cuando la plenaria de la Cámara se preparaba para someter a votación el artículo 94 como estaba propuesto en la ponencia de segundo debate, se presentó una proposición a última hora que buscaba aprobar el texto definitivo sin realizar un nuevo debate. La proposición fue presentada por un grupo de congresistas aliados del Gobierno, según señaló la demanda, quienes intentaron acelerar la aprobación para evitar que la reforma se hundiera en un posible trámite de conciliación.
En este contexto, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre si, al no dar el último debate en la Cámara, se vulneró el principio democrático, entendido como la materialización del pluralismo político mediante la deliberación de las decisiones legislativas.
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