Luego de que se conociera que los restos humanos hallados en La Escobrera de la comuna 13 de Medellín corresponden a víctimas del conflicto armado entre 2002 y 2003, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, concertó una reunión con el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, en la que se puso a disposición de los avances y labores que surjan para hallar más víctimas de desaparición forzada
Como fruto del encuentro, el mandatario local afirmó que uno de los propósitos de su administración es apoyar las sanciones correspondientes que imponga el alto tribunal de paz a los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad, que habrían ocurrido en el desarrollo de la Operación Orión.
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“Le reafirmo, presidente, todo nuestro apoyo y todo el compromiso de nosotros con las víctimas y la JEP. El compromiso institucional es apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas en la Comuna 13”, indicó Gutiérrez.
Del mismo modo, anunció que la Alcaldía de Medellín dispondrá de vigilancia privada y cámaras de seguridad en La Escombrera para garantizar la protección de la llamada fosa común urbana más grande de Latinoamérica.
Precisamente, este punto en particular fue ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, al recordar que en la época en que ocurrieron las desapariciones forzozas, también hubo vigilancia privada que, al parecer, acolitó que en ese lugar ocurrieran ejecuciones extrajudiciales.
Una de las voces de rechazo fue la de la abogada y directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (Gidh), María Victoria Fallón, que enfatizó en que la seguridad y protección de lo que yace en La Escombrera debe ser responsabilidad del Estado y no de privados.
“La Escombrera ha tenido siempre una portería y esa portería durante años ha sido manejada obviamente por empresas privadas. Creemos que no es un buen mensaje que sean esas empresas privadas que permitieron el ingreso de los carros que llevaban las personas que iban a ser desaparecidas y luego no volvían a bajar y no pasaba nada. Nos parece que debe ser una responsabilidad directa del Estado, o sea, Policía Nacional”, explicó a Caracol Radio.
Entre tanto, el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, anunció un acuerdo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para implementar el sistema de monitoreo con cámaras y contratar una cooperativa de vigilancia para seguridad en la escena judicial.
“Este territorio siempre ha sido álgido y lo que hemos hecho hasta ahora son rondas con la Policía y visitas a través de la Secretaría y los gestores de derechos humanos”, destacó Arcila.
JEP analiza ampliación del polígono de intervención en La Escombrera
Otro de los temas abordados durante la reunión es evaluar la posibilidad de ampliar el polígono de intervención forense en La Escombrera, labor que contaría con el respaldo de la alcaldía local.
Al respecto, el secretario Arcila señaló que, dado que la quinta etapa del cronograma está programada hasta abril y los hallazgos de osamentas realizados hasta ahora se ubican cerca del límite correspondiente a una posible sexta fase, la administración municipal está dispuesta a prolongar su apoyo a estas labores.
Sin embargo, destacó que: “Se quedó de hacer una reunión con las madres (la asociación de buscadoras Mujeres Caminando por la Verdad), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y JEP para definir la continuidad del apoyo”, cita cuya fecha aún no ha sido confirmada.
El área de intervención abarca 6.912 metros cuadrados, incluyendo una zona priorizada de 2.417 metros cuadrados, identificada como la de mayor relevancia tras testimonios que apuntan a la existencia de restos de víctimas enterradas en el lugar. Hasta el momento, Medicina Legal determinó que los restos óseos hallados pertenecen a, al menos, cuatro personas, de los cuales dos han sido identificados como víctimas de desaparición forzosa. Entre ellos estaría una mujer joven.
Las investigaciones también revelaron signos de violencia en los restos encontrados, incluidos impactos de proyectiles de arma de fuego, característicos de ejecuciones o “tiros de gracia”. Asimismo, se hallaron sogas que sugieren que algunas víctimas fueron atadas antes de ser asesinadas. Según la JEP, “en al menos uno de los casos se encontró evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue sometida a un estado de total indefensión y sufrió malos tratos”.
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