Crisis humanitaria en el Catatumbo: más de 36.000 desplazados y decenas de muertos por el conflicto armado

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una grave crisis humanitaria debido al recrudecimiento del conflicto armado. Más de 36.000 personas han sido desplazadas forzosamente tras recibir amenazas directas de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó esta alarmante cifra, basada en datos del Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado de Norte de Santander. Además, se reportan decenas de víctimas mortales, aunque las cifras exactas aún son inciertas debido a las dificultades para acceder a las zonas afectadas.

La defensora del Pueblo explicó que, en los primeros días de esta crisis, muchas comunidades permanecieron confinadas, sin posibilidad de huir, lo que agravó la situación. “Tristemente era esperable que este número fuera subiendo”, señaló Marín Ortiz, que destacó que el desplazamiento masivo es una consecuencia directa de la violencia ejercida por los grupos armados en la región.

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En Cúcuta se habían destinado tres albergues para las 16.000 personas desplazadas que llegaron hasta la capital de Norte de Santander; sin embargo, no hubo disponibilidad de baños y camas portátiles. Es de mencionar que, gran parte de la población desplazada del Catatumbo están llegando a está ciudad que, de acuerdo con las autoridades locales, ya desbordó su capacidad de atención, por lo que se habilitaron hoteles para que las familias pasen la noche, mientras que el estadio funciona como base de entrega de alimentos y ayudas.

El impacto del conflicto no solo se refleja en el desplazamiento masivo, también en la pérdida de vidas humanas. De acuerdo con datos actualizados por Medicina Legal, la Dirección Regional Norte ha recibido 41 cadáveres, de los cuales ya fueron identificados y 32 entregados a sus familiares. Sin embargo, las cifras podrían ser mucho mayores. La gobernación de Norte de Santander estima que el número de muertos podría ascender a 80, mientras que otras fuentes locales hablan de al menos 60 fallecidos.

La defensora del Pueblo advirtió que estas cifras son difíciles de confirmar debido a las condiciones de inseguridad en la región. “Muchas de las fuentes, inclusive las personas que están llegando de la región, los personeros, los alcaldes, dan cuenta de que hay muchas personas muertas en las vías, a veces en sus casas”, explicó. Además, señaló que la falta de un manejo adecuado de los cadáveres está generando problemas sanitarios en las comunidades afectadas.

Entre las víctimas confirmadas se encuentran seis firmantes del acuerdo de paz, mientras que otras once personas permanecen desaparecidas. Esta situación refleja la complejidad del conflicto en el Catatumbo, donde los actores armados continúan ejerciendo control sobre el territorio, a pesar de los esfuerzos por implementar medidas de seguridad.

El drama humano detrás de estas cifras se evidencia en los testimonios de quienes han tenido que abandonar sus hogares. Yoselyn Quintero, una de las desplazadas, relató a Noticias Caracol cómo recibió una orden de desalojo con un plazo de apenas 24 horas. “No traje nada, me vine solo con la ropa de la casa, no saqué nada, dejé todo botado allá”, expresó entre lágrimas.

Quintero describió la angustia de tener que huir sin haber cometido ningún delito, dejando atrás su vida y sus pertenencias. De acuerdo con su relato, quienes no lograron salir en el plazo inicial recibieron una extensión de 48 horas, pero el mensaje era claro: abandonar la zona o enfrentar las consecuencias. Este tipo de amenazas se ha convertido en una práctica común de los grupos armados para consolidar su control territorial, generando un éxodo masivo de familias que buscan refugio en municipios vecinos o en otras regiones del país.

La defensora del Pueblo también cuestionó la respuesta del Gobierno frente a esta crisis. Según Marín Ortiz, las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para prevenir el desplazamiento ni para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Recordó que desde noviembre se emitió la alerta temprana 026 de inminencia para 2024, en la que se solicitaban acciones concretas de despliegue territorial de la fuerza pública. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron atendidas de manera oportuna.

“Quisiera insistir en que no es necesario esperar a una conmoción interior para responder a la situación, como de hecho ahorita se está haciendo”, afirmó la defensora, subrayando que las acciones actuales debieron haberse implementado mucho antes. Aunque reconoció que se han tomado medidas extraordinarias en los últimos días, señaló que estas llegan tarde para miles de familias que ya fueron desplazadas o que perdieron a sus seres queridos.