Más de 300 mil empleos estarían en riesgo por multimillonaria deuda del Gobierno Petro, advirtió la Cámara Colombiana de Infraestructura

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó sobre una grave crisis que afecta al sector de la obra pública en Colombia, debido a la falta de pago de más de un billón de pesos a contratistas por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Según informó la CCI en la mañana del miércoles 22 de enero, esta deuda acumulada pone en riesgo la continuidad de 57 proyectos estratégicos en todo el país, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales graves, especialmente en las regiones más vulnerables.

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En una carta dirigida a los ministros de Transporte y Hacienda, la CCI detalló que entre las obras afectadas se encuentran la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos y la conectividad Arauca-Casanare, todas consideradas esenciales para el desarrollo regional y la generación de empleo.

Según consignó la CCI, la falta de recursos ha paralizado estas iniciativas, afectando directamente a las comunidades que dependen de ellas para mejorar su calidad de vida y dinamizar sus economías locales.

De acuerdo con la CCI, la propuesta del Ministerio de Hacienda para resolver la deuda acumulada no es suficiente para evitar una crisis mayor. El plan, que contempla pagos mensuales hasta diciembre, no garantizaría los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos durante el primer semestre de 2025.

Según la Cámara, esta estrategia podría llevar a una parálisis total de la obra pública en ese periodo, lo que agravaría la situación económica de las empresas contratistas, en particular de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que ya enfrentan riesgos de quiebra.

Además, la CCI advirtió que los retrasos en los pagos podrían derivar en demandas contra el Estado por parte de los contratistas, quienes podrían exigir indemnizaciones por los perjuicios ocasionados, incluyendo daño emergente y lucro cesante.

Esto no solo incrementaría la carga financiera del Gobierno, sino que también podría generar responsabilidades legales para los funcionarios públicos involucrados, debido al riesgo de detrimento patrimonial.

Otro aspecto preocupante señalado por la CCI es el bajo nivel de ejecución presupuestal del Invías. Según datos oficiales citados por la Cámara, hasta el 30 de noviembre de 2024, solo el 38,7% del presupuesto asignado había sido ejecutado.

Este porcentaje, según la entidad, es comparable únicamente con los niveles registrados durante la pandemia por el covid-19, lo que refleja una situación crítica en la gestión de los recursos públicos destinados a infraestructura.

La situación se complica aún más debido a la pérdida de 100.000 millones de pesos correspondientes a vigencias expiradas, lo que ha reducido aún más el flujo de caja del Invías. Este déficit financiero compromete no solo el pago de las deudas actuales, sino también la capacidad de la entidad para financiar proyectos futuros.

Además, la crisis presupuestal del Invías no solo afectaría la continuidad de los proyectos de infraestructura, sino que también pondría en riesgo la generación de más de 336.000 empleos directos e indirectos, según destacó la CCI.

La entidad destacó que las obras en riesgo están ubicadas en zonas que históricamente han enfrentado altos niveles de pobreza y falta de conectividad, como el Catatumbo, la Alta Guajira y los departamentos de Arauca y Casanare. La paralización de estos proyectos no solo retrasaría el progreso en estas regiones, sino que también podría exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes.

Ante este panorama, la CCI hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que implemente un plan de choque que permita resolver la crisis de manera inmediata. Según la Cámara, es imprescindible que se apruebe el Programa Anual de Caja (PAC) por la totalidad de los recursos adeudados, con el fin de garantizar el pago a los contratistas y asegurar la continuidad de las obras en curso.

El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para evitar una parálisis total de la infraestructura pública en el país.

“Desafortunadamente, queremos reiterar que a la fecha las cuentas por pagar, reflejadas en más de 5.700 actas, superan el billón de pesos”, afirmó Caicedo. También advirtió que, de no resolverse esta situación, el país podría enfrentar un detrimento patrimonial grave, con consecuencias legales y económicas para el Estado.