Juan David Beltrán, presunto asesino del coronel retirado Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo en Bogotá al momento de su muerte, se declaró inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades lo señalan como el sicario que disparó contra Fernández desde una motocicleta el 16 de mayo de 2024 en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. Según las investigaciones y grabaciones de cámaras de seguridad, Beltrán era el parrillero que ejecutó el ataque mortal.
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El operativo para capturar a Beltrán se llevó a cabo en una vivienda de Barrancabermeja, Santander, donde el sospechoso se había ocultado tras el crimen que conmocionó al país.
Durante la captura, las autoridades destacaron que este hecho representa un avance significativo en el esclarecimiento del asesinato. Beltrán, cuyo historial delictivo incluye antecedentes por homicidio, tráfico y porte de armas de fuego, porte de estupefacientes y fuga de presos, será trasladado a Bogotá para enfrentar a la justicia.
La Fiscalía imputó a Beltrán los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el marco de las pesquisas, se determinó que los implicados adquirieron una motocicleta especialmente para perpetrar el crimen, hecho corroborado por los registros en video.

Antes de esta captura, tres personas más habían sido detenidas por su presunta participación en el caso: Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa. La Fiscalía también imputó a estos individuos los mismos delitos, pero todos se declararon inocentes.
Días antes de su asesinato, el coronel retirado Élmer Fernández, oriundo de Piendamó, Cauca, había denunciado amenazas en su contra. En un documento radicado ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), relató un ataque ocurrido el 9 de mayo de 2024, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra la fachada de la cárcel La Modelo.
Aunque alertó sobre el peligro que corría su vida, sus denuncias no fueron atendidas oportunamente, lo que ha generado cuestionamientos sobre las medidas de protección para funcionarios en riesgo.
El asesinato ocurrió mientras Fernández se movilizaba por la carrera 30 de Bogotá en un vehículo sin blindaje ni esquema de seguridad. Fue interceptado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata.

Élmer Fernández había dedicado casi cuatro décadas al servicio público, ingresando a la Policía Nacional en 1985. Ascendió hasta el grado de teniente coronel y ocupó cargos destacados, como comandante de seguridad ciudadana en Boyacá y jefe de la avanzada de la Presidencia de la República.
Durante su carrera, también enfrentó procesos judiciales relacionados con la compra de bienes cuestionados y denuncias sobre irregularidades en su gestión en el sistema penitenciario.
En 2012, mientras estaba fuera de la Policía, Fernández enfrentó un proceso judicial relacionado con la compra de un lujoso apartamento que había pertenecido a Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La propiedad, valorada en 2.000 millones de pesos, estaba destinada a la reparación de víctimas. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que falló en contra de Fernández y su esposa, Delia Mejía, al considerar que no actuaron con la diligencia necesaria al adquirir un bien sujeto a medidas cautelares.

Tras su retiro de la Policía, Fernández ingresó al sistema penitenciario, donde asumió la dirección de varios centros de reclusión. Desde 2020, estuvo al frente de la cárcel La Esperanza, en Guaduas, Cundinamarca, un establecimiento de media seguridad.
Durante su gestión, surgieron denuncias sobre una red de contrabando de alimentos y bebidas, presuntamente operada por guardias y reclusos. Fernández aseguró haber tomado medidas correctivas, pero su traslado a La Modelo, uno de los penales más problemáticos del país, lo colocó en un entorno aún más hostil.
La cárcel La Modelo, con capacidad para 2.900 reclusos, alberga actualmente a más de 5.000 internos, convirtiéndose en un foco de tensión y violencia. En 2020, un motín dejó 24 muertos, y su historial incluye episodios de corrupción, desapariciones y homicidios.
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