
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez, atraviesa un cuadro de virosis que lo ha obligado a restringir temporalmente sus actividades presenciales, según informó el viernes 17 de enero el Ministerio de Defensa.
No obstante, el alto funcionario sigue liderando las estrategias de seguridad desde su oficina, manteniendo comunicación constante con el presidente Gustavo Petro y la cúpula militar.
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La situación de salud del ministro se da en medio de una compleja crisis de seguridad en la región del Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado al menos 23 muertos, decenas de heridos y un número significativo de desplazados.
A pesar de su condición, Velásquez ha estado al frente de importantes operaciones destinadas a proteger a la población civil. Entre estas se destaca el rescate de 18 personas, incluido el líder campesino José del Carmen Abril, conocido como “Carmito Abril”, que estaban en situación de riesgo debido a amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Ministerio de Defensa resaltó que el ministro ha supervisado las estrategias desde Bogotá, siguiendo las recomendaciones médicas de reposo. Estas acciones buscan mitigar el impacto de la violencia en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han agravado la situación humanitaria.

La virosis que afecta a Velásquez impidió su presencia en la visita que el presidente Gustavo Petro realizó a Tibú el viernes 17 de enero, acompañado por varios ministros y altos mandos militares. Durante el recorrido, el mandatario lideró un consejo de seguridad y anunció medidas para atender la crisis.
Según informó Colprensa, el encuentro, que se extendió por más de dos horas, reunió a altos funcionarios del gobierno, la cúpula militar y autoridades locales. Sin embargo, al término de la reunión no se ofrecieron declaraciones oficiales.
Gustavo Petro plantea declarar estado de conmoción interior
La crisis en el Catatumbo ha llevado al presidente Gustavo Petro a considerar la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, una medida excepcional contemplada en la Constitución de 1991 para afrontar graves alteraciones del orden público.
El estado de conmoción interior, regulado por el artículo 213 de la Constitución, permite al presidente de la República, con la firma de todos los ministros, adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden público en situaciones que no puedan ser controladas mediante las facultades ordinarias de las autoridades.
Este estado de emergencia puede declararse por un período inicial de 90 días, prorrogable hasta por dos períodos adicionales, aunque el último requiere la aprobación previa del Senado.

Durante este estado, el gobierno tiene la facultad de emitir decretos legislativos que suspendan leyes incompatibles con la situación de emergencia. Sin embargo, estas medidas deben ser estrictamente necesarias para resolver las causas de la perturbación y evitar su propagación. Una vez restablecido el orden público, los decretos pierden su vigencia.
Aunque ausente físicamente, el ministro se mantuvo informado de los avances en tiempo real y en coordinación con el equipo gubernamental, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa.
El Catatumbo atraviesa una escalada de violencia que ha generado desplazamientos masivos y afectado gravemente a líderes sociales, niños y comunidades enteras. Según cifras oficiales, más de 70 familias han sido forzadas a abandonar sus hogares, mientras que varias organizaciones han denunciado violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El origen de las hostilidades: acusaciones y amenazas

De acuerdo con Semana, el recrudecimiento de la violencia se produce tras meses de tensiones entre ambos grupos armados. En diciembre del 2024, el comandante Andrey Avendaño, líder del frente 33 de las Farc-EP, había advertido sobre las posibles consecuencias de un enfrentamiento directo.
Durante una entrevista en un campamento del bloque Gentil Duarte, en el corazón del Catatumbo, Avendaño expresó su preocupación por el impacto de una guerra entre las dos facciones.
Las tensiones entre las disidencias de las Farc y el ELN se intensificaron tras un comunicado emitido por el Frente de Guerra Nororiental del ELN, liderado por el comandante Manuel Pérez Martínez, en el que se declaraba enemigo al frente 33.
En el documento, el ELN acusó a las disidencias de ser un grupo “narcoparamilitar” y prohibió su presencia en las fincas de la región. Además, anunciaron que tomarían “medidas ofensivas” para frenar lo que describieron como “atropellos en el cobro de impuestos abusivos”.
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