La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) continúa bajo suspensión del Grupo Egmont, una red internacional que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de más de 150 países. Según informó El Tiempo, esta medida, que ya se extiende por cerca de cuatro meses, fue tomada tras la filtración de información confidencial relacionada con la presunta compra del software espía Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group. La sanción ha generado preocupación por su impacto en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.
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La controversia se desató el 4 de septiembre de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro reveló en una alocución pública una carta enviada por IMPA, la entidad oficial del gobierno de Israel encargada de combatir el lavado de activos. En el documento, fechado el 27 de agosto de 2024, se detallaba un supuesto movimiento irregular de dinero en efectivo que habría sido destinado a la adquisición de Pegasus. Trece días después de esta declaración, el Grupo Egmont decidió suspender temporalmente a la Uiaf, argumentando posibles violaciones a los estándares de confidencialidad y autonomía operativa que rigen a sus miembros.
El impacto de la sanción en la cooperación internacional
La presidenta del Grupo Egmont, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, confirmó la suspensión de la UIAF el 23 de septiembre de 2024 mediante un comunicado oficial. En el documento, destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos asociados y la financiación del terrorismo. Según Franków-Jaśkiewicz, esta colaboración se basa en la confianza mutua y en el cumplimiento de altos estándares de responsabilidad, especialmente en lo que respecta a la protección de datos sensibles.
El comunicado también señaló que las unidades de inteligencia financiera deben operar con independencia y autonomía, libres de cualquier interferencia política, gubernamental o industrial que pueda comprometer su funcionamiento. La medida de suspensión, según el Grupo Egmont, permanecerá vigente mientras se evalúa la situación de la Uiaf conforme a los procedimientos internos de la organización.
De acuerdo con la entidad, la sanción implica que Colombia pierde acceso a información clave proporcionada por más de 150 unidades financieras internacionales. Aunque las investigaciones de la Uiaf no tienen alcance penal directo, sus insumos son fundamentales para que la Fiscalía General de la Nación adelante procesos judiciales relacionados con delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta desconexión podría afectar investigaciones en curso y futuras, especialmente aquellas que requieren información financiera de otros países.
El director de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, defendió las acciones de la entidad tras el anuncio de la suspensión. Según Llinás, la Uiaf actuó conforme a la legislación colombiana y no violó los estatutos del Grupo Egmont. Sin embargo, reconoció que durante la alocución presidencial se cometió una imprecisión al mencionar a Suiza, lo que generó confusión en torno al caso.
Por su parte, el abogado penalista Fabio Humar, experto en temas de lavado de activos, calificó la suspensión como un revés significativo para la diplomacia colombiana y la lucha contra el crimen organizado. Según Humar, la desconexión del canal secreto del Grupo Egmont limita el acceso a información crucial para investigaciones financieras. Como ejemplo, mencionó que si la Uiaf estaba analizando los movimientos financieros de extranjeros en Colombia que previamente pasaron por Europa o América, ahora no podrá obtener datos de esos países.
En cuanto a la posibilidad de que la Uiaf sea expulsada definitivamente del Grupo Egmont, Farid Rondón, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, instó a la prudencia. Rondón destacó la importancia histórica de la inteligencia financiera colombiana en la lucha contra la ilegalidad y señaló que el desenlace dependerá de la posición que adopte Colombia frente a los señalamientos. Según el experto, cualquier sanción adicional estará condicionada a la evaluación del alcance de la presunta violación de confidencialidad.
Aunque no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de la Uiaf en el Grupo Egmont, El Tiempo informó que la situación sigue bajo análisis. Una fuente de la Uiaf indicó que posiblemente se discuta el caso en una reunión programada para febrero de 2025. Hasta entonces, la suspensión continuará limitando la capacidad de Colombia para acceder a información financiera internacional, lo que podría tener repercusiones en la efectividad de las investigaciones contra el crimen organizado.
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