Por asesinato de alcalde a manos de paramilitares, Fiscalía vinculó a un excomandante de la Policía

Casi 22 años después del asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, la Fiscalía General de la Nación ha dado un giro en la investigación al vincular de manera formal al coronel retirado Norman León Arango Franco, quien fuera en ese momento (abril de 2003) comandante de la Policía en el departamento de Sucre.

Esta decisión se tomó tras analizar nuevos elementos que lo relacionarían con el grupo paramilitar responsable del crimen.

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De acuerdo con un documento de seis páginas emitido por el fiscal 77 de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, Mauricio Núñez Caro y que fue revelado por W Radio, se ordenó la vinculación procesal del coronel retirado.

Este paso busca determinar si Arango Franco tuvo participación directa o indirecta en los hechos que llevaron a la desaparición forzada y posterior homicidio de Díaz Salgado, así como esclarecer los motivos y circunstancias que rodearon el caso.

Dicha orden se fundamenta en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, que regula la vinculación procesal de personas señaladas en investigaciones penales.

El asesinato de Eudaldo León Díaz Salgado ocurrió en un contexto marcado por la violencia en el departamento de Sucre, zona ubicada en el norte de Colombia, y en donde los grupos paramilitares ejercen aún un control significativo.

Díaz Salgado, que había denunciado ante medios locales y autoridades presuntos actos de corrupción y vínculos entre políticos locales y paramilitares, fue secuestrado y asesinado en 2003.

La reciente vinculación del coronel retirado Norman León Arango Franco se da gracias a los esfuerzos del abogado Sebastián Felipe Escobar Uribe, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Para tal fin, el letrado presentó una solicitud formal para que se investigara la posible responsabilidad del excomandante de la Policía en los hechos. En consecuencia, la Fiscalía reabrió las líneas de investigación que habían permanecido inactivas por años.

En el documento emitido por el ente investigador se establece que la vinculación procesal de Arango Franco tiene como objetivo esclarecer varios aspectos clave del caso.

Entre ellos, se busca determinar si el coronel retirado infringió la ley penal, identificar a los autores o partícipes del crimen, y analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos. Además, se pretende evaluar las condiciones sociales, familiares e individuales del procesado, así como los daños morales y materiales causados por el delito.

El exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, condenado por crímenes graves como homicidio agravado y vínculos con grupos paramilitares, recibió a finales de mayo de 2023 el beneficio de libertad transitoria y condicionada por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta decisión se tomó en reconocimiento a los testimonios que Arana ha entregado sobre los delitos cometidos en colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el exmandatario deberá continuar compareciendo ante la justicia para esclarecer los hechos por los que fue condenado y aquellos que aún están bajo investigación.

Esa no fue la primera vez que Arana solicitó su libertad. Desde su sometimiento a la JEP, el exgobernador había intentado acceder a este beneficio en varias ocasiones. En 2020, su solicitud fue rechazada debido a que no había cumplido con los compromisos necesarios para obtener la medida. Un año después, en 2021, la JEP ratificó esta negativa por las mismas razones. No obstante, en audiencias realizadas en 2023, los aportes de Arana fueron considerados suficientes para concederle la libertad transitoria.

Salvador Arana fue condenado por su participación en el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz Salgado, un crimen que tuvo lugar el 5 de abril de 2003.

El exgobernador de Sucre se alió con las AUC para perpetrar este homicidio, que incluyó los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Este caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la relación entre políticos y grupos armados ilegales en Colombia.

Además de este crimen, el exgobernador Arana enfrenta una condena por peculado por apropiación, un delito relacionado con el desvío de 478.669.719 pesos colombianos. Estos recursos habrían sido entregados por Edwar Cobos Téllez, conocido como “Diego Vecino”, un excomandante de las AUC. A estas condenas se suman investigaciones en curso por falsedad ideológica y concierto para delinquir, que aún no han sido resueltas.