
La reciente intención del Gobierno colombiano de modificar el capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está generando una creciente preocupación, especialmente entre los sectores empresariales.
Este tratado, vigente desde hace más de diez años, es considerado un pilar clave para las relaciones comerciales entre ambas naciones. Sin embargo, el anuncio de la modificación, orientada a resolver diferencias en términos de inversión, disparó las alarmas.
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El 17 de enero, la Cámara Colombo Americana (AmCham) expresó su inquietud ante la propuesta del Gobierno colombiano. María Claudia Lacouture, presidenta de la entidad, señaló que cualquier cambio en el texto original del TLC debía seguir los procedimientos establecidos, tanto por el acuerdo comercial como por la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia.
Lacouture argumentó que la modificación del capítulo 10 representaba un cambio significativo en los términos acordados, lo que requeriría un proceso más riguroso para garantizar la transparencia y estabilidad del tratado.

Así mismo, AmCham expresó diversas preocupaciones después de revisar la propuesta del Gobierno de modificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según la Cámara, los cambios sugeridos podrían representar una extralimitación por parte de los gobiernos en la implementación de la nueva nota interpretativa.
Entre los puntos más críticos que se destacaron, se encontraba la posible restricción del acceso al arbitraje internacional, lo cual limitaría el derecho de los inversionistas extranjeros a impugnar decisiones judiciales locales que pudieran ser injustas o no estar alineadas con los términos del TLC.
Otro aspecto que levantó alarmas fue la eliminación de las expectativas legítimas como criterio de trato justo y equitativo. Esta modificación implicaría una reducción de la seguridad jurídica, ya que permitiría que los gobiernos cambien las reglas del juego sin ofrecer garantías previas a los inversionistas, lo que podría generar incertidumbre y desconfianza en los mercados internacionales.
También se resaltó la modificación en la protección frente a regulaciones ambientales sin compensación, un cambio que reafirmaba el derecho de los gobiernos a imponer regulaciones que pudieran afectar el valor de las inversiones, limitando las posibilidades de que los inversionistas pudieran demandar al Estado por esos impactos. Esto podría reducir el atractivo de Colombia como destino para la inversión extranjera, ya que los inversionistas se verían más expuestos a decisiones gubernamentales que afectaran negativamente sus intereses.

Además, AmCham señaló que estos cambios no fueron sometidos a consideración de los congresos de ambos países ni, en el caso de Colombia, al control constitucional previsto en la Sentencia C-252 de 2019. La falta de consulta y aprobación formal del Congreso significaba que el proceso no cumplía con los procedimientos establecidos para modificar el acuerdo comercial, lo que generaba inquietud sobre la legalidad y transparencia de la propuesta.
La empresa alertó sobre los posibles efectos negativos de la modificación del Tratado de Libre Comercio, especialmente en términos de la incertidumbre que esto podría generar entre los inversionistas extranjeros. La cámara de comercio argumentó que los cambios planteados llevarían a una disminución en la seguridad jurídica, una de las principales garantías para los inversionistas internacionales. Un aspecto crucial de la preocupación era que, bajo las nuevas condiciones, las decisiones judiciales y las tutelas relacionadas con inversiones no podrían ser impugnadas en tribunales internacionales, salvo en circunstancias excepcionales.

Frente a estas críticas, Gustavo Petro intervino para defender la modificación del TLC y respondió a los cuestionamientos sobre la nota interpretativa. A través de un mensaje en la red social X, el presidente señaló que la interpretación de los términos del tratado surgía de un acuerdo mutuo entre Colombia y Estados Unidos.
Petro afirmó que esta nota interpretativa no solo estaba en línea con los principios del tratado original, también reforzaba la justicia en el país y fortalecía la política pública. De esta manera, el mandatario insistió en que los cambios propuestos eran positivos y estaban alineados con los intereses nacionales. “Más papistas que el papa”, expresó el mandatario.
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