
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Ministerio del Interior la suspensión de las elecciones atípicas para gobernador del departamento de Putumayo y alcalde del municipio de Puerto Guzmán, programadas para el domingo 9 de febrero de 2024.
Según una carta firmada por Jaime Suárez, registrador delegado en lo electoral, la entidad no cuenta con los recursos necesarios para organizar el evento electoral en la fecha prevista, lo que imposibilita su realización.
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De acuerdo con la comunicación enviada al Ministerio del Interior, la Registraduría explicó que no ha recibido la asignación presupuestal requerida para contratar los bienes y servicios indispensables para llevar a cabo el proceso electoral. Este problema se origina, según el documento, en las restricciones presupuestales establecidas por la Circular Externa núm. 034, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 14 de noviembre de 2024. Dicha circular fijó el 9 de diciembre de 2024 como fecha límite para solicitar modificaciones al presupuesto general de la nación, lo que dejó a la Registraduría sin margen para gestionar los recursos necesarios tras la expedición del decreto de convocatoria.
“No obstante lo anterior, me permito comunicarle que la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra en imposibilidad material de realizar el evento electoral el 9 de febrero de 2024, dado que a la fecha no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de los bienes y servicios requeridos para la organización de una elección de tal magnitud”, se lee en la carta.

El proceso electoral fue convocado mediante el Decreto núm. 1464, expedido por el Ministerio del Interior el 10 de diciembre de 2024. En cumplimiento de este decreto, la Registraduría estableció el calendario electoral correspondiente a través de la Resolución núm. 14234, emitida el mismo día. Sin embargo, la falta de recursos financieros ha llevado a la entidad a solicitar la suspensión de los efectos del decreto, argumentando que no es posible garantizar la adecuada organización de las elecciones en las condiciones actuales.
En la carta dirigida al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la Registraduría enfatizó que la magnitud del evento electoral requiere una planeación y contratación que no puede realizarse sin los recursos asignados. Además, se comprometió a informar al Ministerio una vez que se incorporen los fondos necesarios en su presupuesto, con el fin de coordinar una nueva fecha para las elecciones. Este proceso, según la entidad, debe garantizar el tiempo suficiente para llevar a cabo todas las actividades de planeación y ejecución.

La Registraduría explicó que las restricciones presupuestales impuestas por el Ministerio de Hacienda complicaron la posibilidad de gestionar los recursos a tiempo. La Circular Externa núm. 034 estableció un cierre anticipado del presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, lo que impidió a la entidad solicitar las modificaciones necesarias tras la expedición del decreto de convocatoria. Este contexto dejó a la Registraduría sin los medios para garantizar la contratación de bienes y servicios esenciales para el desarrollo del proceso electoral.
En el documento enviado al Ministerio del Interior, la Registraduría también detalló que ya se ha estimado el presupuesto requerido para adelantar las actividades de contratación y actos preparatorios. Sin embargo, la incorporación de estos recursos en el presupuesto de la entidad depende de la aprobación de las autoridades competentes, lo que podría retrasar aún más la realización de las elecciones.

La Registraduría resaltó la importancia de la colaboración entre entidades estatales para superar esta situación. En su comunicación, la entidad expresó su disposición a coordinar con el Ministerio del Interior una nueva fecha para las elecciones, una vez que se cuente con los recursos necesarios. Este enfoque busca garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera adecuada y en cumplimiento de los principios de planeación y ejecución establecidos por la ley.
La solicitud de aplazamiento de las elecciones atípicas en Putumayo y Puerto Guzmán pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las instituciones públicas ante restricciones presupuestales y plazos administrativos. La decisión final sobre la suspensión del decreto y la reprogramación del evento electoral dependerá de la respuesta del Ministerio del Interior y de la capacidad de la Registraduría para gestionar los recursos necesarios en los próximos meses.
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